Un sistema prometedor con resultados fallidos
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNV) de México, creado mediante la Ley General de Víctimas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cumple 10 años sin cumplir su propósito original. Aunque en 2015 se celebró su primera y única sesión ordinaria del Pleno como un avance significativo, hoy muestra un estancamiento evidente en su implementación y operación.
Conflictos internos y decisiones políticas que afectaron su funcionamiento
Desde su creación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) enfrentó desacuerdos internos y vacíos de liderazgo. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la política de austeridad eliminó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), un pilar financiero crucial para el SNV. Esta decisión generó críticas de organismos internacionales, quienes destacaron la insuficiente atención a víctimas y la falta de recursos.
Intervención judicial y reconocimiento de fallas estructurales
En 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de una demanda del Centro Prodh, ordenando la restauración del presupuesto mínimo para atención a víctimas. Sin embargo, pese a este fallo, la CEAV continúa con limitaciones operativas. El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló en 2023 que la asistencia a víctimas en México es «extremadamente limitada» y no cubre sus necesidades reales.
Actual contexto de negación y crisis institucional
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido cuestionado por su enfoque en la crisis de desapariciones. La presidenta propuso reformas que minimizan la responsabilidad estatal actual, atribuyendo las desapariciones recientes a grupos delictivos en lugar de autoridades. Esta postura ha sido rechazada por organizaciones civiles, quienes denuncian que el Estado debe investigar y sancionar tanto a funcionarios como a criminales involucrados.
Respuesta institucional y crítica internacional
El Senado mexicano, con mayoría de Morena, aprobó una resolución rechazando las críticas internacionales sobre desapariciones forzadas en el país. Esta decisión fue condenada por colectivos de víctimas, quienes exigen cooperación internacional y mecanismos efectivos para combatir la impunidad. El Centro Prodh ha destacado que «el Sistema Nacional de Atención a Víctimas no ha tenido un funcionamiento adecuado ni ha logrado convertirse en una política de Estado».
