Una investigación basada en interceptaciones telefónicas permitió a las autoridades colombianas desmantelar una organización dedicada al tráfico clandestino de armas en Bogotá y Cundinamarca. Cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en este esquema que involucraba a personal activo y retirado de las fuerzas armadas.
Operación y hallazgos
Durante los registros simultáneos realizados en la capital y Zipaquirá, las autoridades confiscaron un amplio arsenal que incluye 20 pistolas y revólveres, un rifle de precisión, una escopeta, dos mini uzi, un fusil, 51 proveedores, 3.460 cartuchos, 33 cajas de munición y más de 150 millones de pesos colombianos en efectivo. Parte de este material bélico estaba escondido en la residencia de uno de los arrestados.
Estructura de la red criminal
El grupo delictivo, liderado presuntamente por Jorge Alexander Pineda Ramírez, contaba con la participación de miembros de la Policía Nacional y del Ejército, tanto en servicio como jubilados. Entre los detenidos figuran el subcomisario Jehicinio Ciro Cardona, el intendente Fabián Adrián Cuestas Beltrán, el sargento retirado Carlos Felipe Rincón Veleta -exarmero militar- y el comerciante Jorge Armando Torres Reyes.
“Parcero, no, ahorita no le están bajando de 400 una caja”
Según reveló una conversación intervenida, uno de los implicados negociaba la adquisición de municiones calibre 9mm con un supuesto miembro del Copes, acordando finalmente un precio de 280.000 pesos por unidad. Este diálogo demostró cómo obtenían el armamento directamente de agentes en servicio o retirados.
Modus operandi y sanciones
La Fiscalía General detalló que los implicados extraían ilegalmente armas de instalaciones militares, modificaban sus registros oficiales y las vendían clandestinamente a particulares, grupos criminales y empresas de seguridad. Las autoridades les imputaron cargos por concierto para delinquir y tráfico ilegal de armamento.
En audiencias judiciales, un tribunal aplicó diferentes medidas a los procesados: tres recibieron detención domiciliaria, mientras que Rincón Veleta y Torres Reyes fueron enviados a centros militares de reclusión. El subcomisario Ciro Cardona enfrenta además acusaciones por uso indebido de uniformes institucionales.
