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País con motocicletas de valor exorbitante: costos que se multiplican por cuatro y vigencia de una década

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Políticas de control vehicular elevan costos

Singapur ha implementado desde 1990 medidas restrictivas para el uso de automóviles particulares con el propósito de disminuir la contaminación y prevenir atascos viales en su reducido espacio geográfico. Esta estrategia ha generado que los precios de adquisición de vehículos se disparen de manera significativa, especialmente en el segmento de las motocicletas.

El tercer país con mayor densidad poblacional del planeta, superado únicamente por Macau y Mónaco, exige a los adquirientes de vehículos nuevos la obtención de un permiso mediante subastas públicas realizadas dos veces al mes. La escasez de espacios disponibles ha provocado un alza desmesurada en los costos finales, en algunos casos hasta cuatro veces su valor original.

Costos exponenciales en motocicletas

El cargo adicional por el certificado de derecho de circulación (COE), válido únicamente por diez años, supera actualmente los 8.000 euros para motos y ciclomotores. En modelos automovilísticos de alta potencia, este recargo puede exceder los 100.000 euros adicionales al precio base.

Un caso ilustrativo es el de la Honda CB150X, cuyo costo en Europa ronda los 3.000 euros, pero que en Singapur alcanza los 12.000 euros tras sumar el certificado requerido. Otra moto básica, la Yamaha MX King T150, incrementó su valor de 2.500 a 11.300 euros debido al mismo impuesto.

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Parque vehicular en aumento

A pesar de los altos costos y restricciones, el número de vehículos en circulación ha alcanzado un récord histórico en 2024 con más de un millón de unidades registradas. Los automóviles particulares representan más del 50% del total, seguidos por las motocicletas con 147.000 unidades matriculadas.

Los datos oficiales revelan que las motos representan la categoría más económica dentro del parque vehicular, aunque su adquisición sigue siendo bastante onerosa. Además, el permiso de uso solo puede renovarse una vez por otros diez años, manteniendo los mismos valores elevados de las subastas. Esto establece un límite máximo de veinte años de vida útil para cualquier vehículo en el país.