El pasado 19 de mayo de 2025, el mandatario colombiano Gustavo Petro presentó nuevamente ante el Congreso una solicitud para realizar una consulta popular. Esta herramienta permitiría a la ciudadanía votar sobre diversos aspectos de la reforma laboral propuesta por el gobierno.
El documento actualizado incorpora cuatro nuevos interrogantes relacionados con modificaciones al sistema de salud y otros asuntos prioritarios que busca impulsar la administración actual.
Formalización de denuncia por presunta ilegalidad
La legisladora Paola Holguín, aspirante a la presidencia por el partido Centro Democrático, presentó una denuncia formal contra Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, titular de Salud y Protección Social, y otros 18 miembros del gabinete ministerial. La acusación se centra en supuestas infracciones a los artículos 413 y 428 del Código Penal, referidas a actos de prevaricato y uso indebido del cargo público.
En sus declaraciones, la senadora señaló que “los decretos de delegación 506 y 528 de 2025 no contemplaron explícitamente la facultad presidencial establecida en el artículo 104 Constitucional, en concordancia con las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, para convocar a Consulta Popular, por lo que el Ministro Delegatario y los demás ministros que suscribieron la solicitud actuaron sin competencia para ello”.
Antecedentes de la controversia
La controversia surge alrededor de la legalidad del procedimiento utilizado por el gobierno para presentar esta iniciativa, cuestionando si existían las atribuciones necesarias para realizar dicha acción según el marco normativo vigente.
