La máxima instancia judicial del país emitió una determinación clave sobre el manejo de datos sensibles en el sistema financiero. El alto tribunal sentó jurisprudencia al declarar que las procuradurías locales carecen de facultades para obtener información de cuentas bancarias sin contar con una autorización emitida por un juez competente.
Limitación constitucional a autoridades locales
El organismo encargado de impartir justicia a nivel nacional precisó que cualquier investigación que requiera acceso a registros financieros debe contar con la intervención previa de un órgano judicial. Esta medida busca garantizar la protección de datos personales sensibles y prevenir posibles abusos de autoridad.
Marco legal y garantías individuales
La decisión se fundamenta en principios constitucionales que salvaguardan la privacidad de los ciudadanos. Las fiscalías estatales deberán ahora demostrar causa justificada ante un juez antes de solicitar cualquier tipo de información relacionada con movimientos bancarios.
