Resolución judicial en Miami por desvío de fondos
La jueza Lisa Walsh de la Corte Civil de Miami, Florida, ha impuesto una sanción económica a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, y a su esposa Linda Cristina Pereyra. La decisión ordena el pago de 2,488 millones de dólares al estado mexicano por irregularidades detectadas en contratos gubernamentales durante los períodos presidenciales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El monto total se distribuye en 748 millones de dólares atribuibles a García Luna y 1,740 millones correspondientes a Pereyra. La resolución judicial fundamenta la responsabilidad de ambos en operaciones de lavado de dinero y corrupción institucional.
Proceso legal sin participación de los acusados
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la querella civil en septiembre de 2021, señalando que la pareja utilizó empresas fantasmas para desviar más de 650 millones de dólares de recursos públicos. Los fondos habrían sido trasladados a instituciones bancarias en Estados Unidos para la adquisición de bienes inmuebles y otros activos en la zona de Florida.
Según el documento judicial, ni García Luna ni Pereyra comparecieron ante el tribunal ni presentaron defensa alguna. La magistrada Walsh destacó que, pese a ser notificados sobre las implicaciones de su ausencia, decidieron no participar en el proceso, lo que derivó en un fallo desfavorable.
Antecedentes penales y recuperación de activos
Esta determinación civil se suma a la condena penal de 38 años que recibió García Luna en octubre de 2024 por su involucramiento con organizaciones delictivas. Fue declarado culpable de facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa mientras ocupaba un cargo público en México.
Las autoridades mexicanas ya implementaron acciones legales para recuperar los bienes obtenidos mediante recursos ilícitos. Entre las medidas se encuentra el embargo y posterior venta de propiedades localizadas en territorio estadounidense, con destino de los ingresos al tesoro nacional.
Importancia del caso a nivel internacional
Se trata del primer caso en que exaltos funcionarios mexicanos enfrentan sanciones económicas en el extranjero por malversación de fondos públicos. Esta resolución establece un referente en la cooperación internacional contra la corrupción y la impunidad en el ámbito gubernamental.
