El Ejecutivo encabezado por Donald Trump ha presentado una acción legal para derogar un pacto judicial vigente desde hace más de dos décadas. Este acuerdo, conocido como el ‘Acuerdo Flores’, establece medidas mínimas para el tratamiento de niños extranjeros bajo custodia gubernamental.
Antecedentes del acuerdo
El pacto, vigente desde 1997, obliga a las autoridades a brindar asistencia médica y educativa a los menores, mantenerlos en centros autorizados para la atención infantil y entregarlos prontamente a familiares o representantes legales. Además, ha servido como herramienta para visibilizar las dificultades que atraviesan estos jóvenes en instalaciones federales.
El recurso actual sostiene que el acuerdo limita la implementación de políticas migratorias deseadas por el Gobierno.
“El acuerdo no le permite implementar las políticas migratorias que quisiera e impone la voluntad del judicial por encima del Ejecutivo”
, afirma el documento oficial.
Intentos anteriores y contexto actual
Esta no es la primera tentativa del presidente Trump por eliminar estas garantías. Durante su primer periodo (2017-2021), un intento similar fue bloqueado por un tribunal superior. Anteriormente, la Administración Obama también buscó modificar el acuerdo tras un incremento en la llegada de menores no acompañados en 2014.
Las autoridades actuales argumentan que las condiciones en las instalaciones de detención han mejorado significativamente desde la firma del acuerdo. Sin embargo, grupos defensores han señalado que persisten deficiencias en el trato hacia los menores.
Origen del caso Flores
El acuerdo surgió tras el caso de Jenny Flores, una adolescente salvadoreña que en 1985 fue sometida a un trato irregular por agentes migratorios tras cruzar la frontera. Entre las irregularidades denunciadas, se encontraban revisaciones corporales invasivas y la permanencia prolongada en un centro juvenil sin acceso a educación o actividades recreativas.
La intervención de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones permitió frenar su deportación y derivó en una demanda que benefició a todos los menores en situación similar, sentando las bases para el acuerdo.
