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Economía

Advierte UNIDEM que tributo a remesas desencadenará consecuencias económicas severas

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Impacto pronosticado por especialistas

El director general de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) pronosticó consecuencias económicas graves derivadas de la propuesta estadounidense de aplicar un impuesto del 3.5% a las remesas internacionales. Esta medida, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y pendiente de ratificación en el Senado, tendría efectos en 2026 si se concreta.

Países más afectados

Según el análisis del experto, México y la India serían los países que recibirían la mayor afectación por volumen, aunque el impacto relativo sería más grave para naciones centroamericanas y caribeñas como Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Cuba.

“No pensamos que por el hecho de cobrar el 3.5 por ciento sea motivo suficiente para que se deje de enviar dinero, pero probablemente los jefes de familia buscarán otras vías para mandar los recursos y así evitar el impuesto. Eso podría fomentar actividades ilegales y riesgosas para estas personas”

, indicó.

Consecuencias para familias mexicanas

La Unión Industrial estima que familias en situación vulnerable dejarían de recibir aproximadamente 43 mil millones de pesos anuales, con mayor incidencia en regiones como Michoacán, Guerrero, Puebla, Guanajuato y Jalisco.

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“En muchas regiones del país, las remesas son el motor del consumo interno y a su vez éste es el componente más grande del Producto Interno Bruto que ha experimentado problemas para crecer en el último lustro”

, advirtió el especialista.

Escenarios económicos posibles

Entre los posibles efectos secundarios, se mencionó el incremento de flujos migratorios irregulares y la expansión de mecanismos no oficiales para transferir dinero. Si bien se espera que el gobierno estadounidense utilice el recurso para fortalecer controles contra el lavado de dinero, la medida se considera inoportuna dada la situación actual de la economía mexicana.

Contexto de vulnerabilidad económica

La implementación de este impuesto ocurre en un momento complejo para México, caracterizado por la disminución de los beneficios del nearshoring, dificultades para reactivar el crecimiento económico y desafíos en la gestión fiscal. La organización industrial expresó la esperanza de que la medida sea provisional, considerando que los beneficios para la economía estadounidense serían mínimos comparados con los riesgos potenciales.

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