Regularización de cotizaciones en España
La titular de Inclusión, Elma Saiz, informó que en la primera evaluación de contribuciones de autónomos basada en ingresos reales, se identificó que 796,000 personas cotizaron por debajo del monto correspondiente durante 2023, debiendo cubrir la diferencia. Esta acción forma parte del proceso implementado por el Gobierno para ajustar las bases de cotización a la realidad económica de estos trabajadores.
Impacto en el colectivo de autónomos
En total, se revisaron las aportaciones de 3.7 millones de trabajadores por cuenta propia, generándose 4.2 millones de notificaciones oficiales. De este grupo, 2 millones no requirieron ajustes, mientras que 1.6 millones sí necesitaron modificaciones. Dentro de estos últimos, 796,000 debieron pagar diferencias y más de 460,000 recibieron devoluciones por haber contribuido en exceso.
Particularidades del proceso
Entre los casos analizados, 790,503 personas se encontraban en condiciones no susceptibles de modificación, como el régimen de tarifa plana. Además, 324,000 no presentaron declaraciones de ingresos por diversas razones. El procedimiento, iniciado en octubre de 2024, implicó una compleja integración de información entre organismos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y otras entidades relacionadas.
Transformación del sistema de cotización
La ministra destacó que este modelo, vigente desde 2023, busca establecer un esquema más equitativo que elimine desigualdades históricas, como la situación en la que más del 80 % de los autónomos cotizaban por el mínimo, generando desventajas en sus pensiones y competencia desleal.
“Durante mucho tiempo, más del 80 % de estos trabajadores cotizaban por la base mínima, lo que provocaba situaciones de injusticia competitiva y pensiones hasta un 37 % inferiores a otros regímenes y con un porcentaje del 36 % que precisa complemento a mínimos”
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Próximos pasos del programa
El sistema actual permite hasta seis modificaciones anuales de tramos y se encuentra en una fase transitoria que culminará en 2032 con la plena vinculación de las cotizaciones a los ingresos reales. Durante 2025 se realizarán nuevas negociaciones entre el Ejecutivo, sindicatos y organizaciones patronales para definir las tablas de los próximos tres años, con revisiones periódicas programadas hasta alcanzar el modelo definitivo.
