Recuperación y reaparición pública
Tras superar un atentado que puso en peligro su vida, la modelo Valentina Gilabert ha iniciado la reconstrucción de su vida cotidiana. El incidente, ocurrido hace varios meses, dejó a la joven con múltiples heridas por arma blanca en diferentes zonas del cuerpo, lo que requirió un largo periodo de recuperación médica.
Recientemente, según revelaron imágenes obtenidas por el programa de farándula Kadri Paparazzi, se la vio en un centro comercial de la capital mexicana. La acompañaban varias personas, entre ellas el exnovio de su agresora y la pequeña hija de esta última.
Detalles del ataque y sus consecuencias
El violento episodio se originó por presuntos celos de Marianne “N”, quien atacó a Valentina tras descubrir que mantenía una relación romántica con su expareja. El ataque dejó secuelas físicas y emocionales en la modelo, quien pasó varias semanas internada y requirió intervenciones quirúrgicas múltiples.
A pesar de ello, Valentina ha retomado sus actividades académicas y busca recuperar la estabilidad en su vida personal.
Situación legal de la agresora
La adolescente Marianne “N” continúa recluida en un centro especializado para jóvenes infractoras. Debido a que era menor de edad al momento de cometer el delito, su estancia en el centro no podrá superar los cinco años según la normativa vigente en México.
Según reportes oficiales, la joven ha mostrado actitudes de arrepentimiento y mantiene un comportamiento adecuado dentro del centro de rehabilitación. “La influencer sigue en prisión”, señala la información disponible.
Marco legal para menores infractores
El país cuenta con un marco legal específico para casos de adolescentes infractores, regulado por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta normativa, alineada con la Convención sobre los Derechos del Niño, prioriza la reinserción social sobre el castigo.
El enfoque se basa en la protección de los derechos humanos y el reconocimiento del diferente nivel de desarrollo psicosocial en los menores. Por ello, las sanciones deben ser proporcionales a su edad, el tipo de delito y las circunstancias particulares de cada caso, con programas educativos, psicológicos y sociales para su reintegración.