Crisis climática y desigualdad global
El informe de UNESCO y Fundación la Caixa titulado ‘¿Quién paga los costes?’ revela que el calentamiento global intensificará fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, inundaciones y huracanes cada vez más frecuentes. Estos eventos no solo ponen en peligro ecosistemas, sino que también impactarán en múltiples aspectos de la vida mundial, desde economía hasta salud pública.
Según el estudio presentado en Barcelona, la crisis climática amplificará las desigualdades sociales existentes. Actualmente 239 millones de personas en pobreza extrema, principalmente en África y Asia, están expuestas a olas de calor prolongadas con temperaturas promedio superiores a 35 grados durante más de tres meses. Estas condiciones ponen en riesgo directo su salud y supervivencia.
Impacto económico y social sin precedentes
El informe proyecta que para 2050 aproximadamente 2.500 millones de personas vivirán expuestas a condiciones climáticas extremas. Esto podría generar pérdidas económicas anuales de 2.4 billones de dólares para 2030, afectando principalmente a países con limitada capacidad para proteger a su población.
El ingeniero Rodolfo Lacy, principal autor del estudio, advierte que “habrá 1.200 millones de personas viviendo en condiciones inhabitables para 2050” debido a la incapacidad para contener emisiones de gases invernadero. “Es crucial priorizar la atención a las comunidades vulnerables porque el financiamiento climático se destina en su mayoría a reducir gases de efecto invernadero, pero hay una urgencia mucho mayor”, destaca.
Responsabilidad y consecuencias desiguales
El análisis señala una contradicción evidente: el 10% más rico de la población mundial es responsable de casi la mitad de las emisiones globales, mientras que son los grupos más pobres, que prácticamente no contribuyen al problema, quienes soportarán las consecuencias más graves. Esta realidad se acentúa especialmente en regiones con escasos recursos y limitado acceso a infraestructuras de adaptación.
El informe también destaca que 80 millones de personas en zonas de alto riesgo climático enfrentarán desplazamientos forzados. Para 2040 y 2060, 1.400 millones de mujeres sufrirán impactos diferenciados por su rol de cuidados y desigualdades estructurales, lo que también implicará mayores pérdidas económicas para este grupo.
Necesidad de políticas públicas justas
El estudio advierte que políticas mal diseñadas, como impuestos a emisiones de CO₂ sin mecanismos redistributivos, podrían incrementar la desigualdad. La UNESCO y Fundación la Caixa enfatizan la necesidad de una transición justa que contemple reducciones de carbono junto con sistemas de protección social y programas de recualificación laboral.
“Hay una urgencia inmediata para aumentar los presupuestos para adaptar esas zonas y asegurar que quienes viven ahí no estén en riesgo de pobreza extrema, porque les podría llevar generaciones poder superarlo”, afirma Lacy, quien también enfatiza la importancia de “invertir en sistemas de alerta temprana, ya que el primer derecho climático no escrito es saber si nuestra vida está en riesgo inminente”.
