Un exfiscal de Colombia recibirá una sentencia de siete años en régimen de detención domiciliaria luego de reconocer su culpabilidad en un caso de homicidio múltiple ocurrido en 2016. Mario Alfonso Lora Correa enfrentará esta pena tras disparar contra dos jóvenes durante un conflicto en Montería, capital del departamento de Córdoba.
Condena y restricciones
El anuncio formal de la sentencia se realizó el 28 de mayo por parte de la Sala de Conjueces del Tribunal Superior local. Además del encarcelamiento en su residencia, se le impuso una inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el mismo periodo.
Antecedentes del crimen
El incidente violento tuvo lugar el 19 de junio de 2016 en una zona comercial nocturna de Montería. La discusión inicial surgió entre Camilo Rodríguez y Harold Suárez, las víctimas, con uno de los hijos del exfiscal. Este desencuentro culminó con Lora Correa usando un arma de fuego contra ambos jóvenes, quienes fallecieron posteriormente en centros médicos distintos: Rodríguez el 3 de julio en el hospital San Jerónimo y Suárez el 26 de agosto en la Clínica Imat.
Proceso judicial y beneficios otorgados
El exfuncionario aceptó su responsabilidad penal, presentando como atenuante su estado emocional alterado. Esta circunstancia influyó en la concesión del beneficio judicial. Sin embargo, el caso ha tenido múltiples etapas: en 2020 un juzgado rechazó inicialmente el acuerdo entre Lora Correa y la Fiscalía, considerando que no contaba con pruebas suficientes y afectaba los derechos de las víctimas. Posteriormente, en 2022, la Sala de Conjueces revirtió esa decisión, validando el pacto.
Recursos y controversias
La Procuraduría General de la Nación interpuso un recurso de apelación y una tutela ante la Corte Suprema, denunciando retrasos injustificados en el proceso. A pesar de esto, el tribunal ratificó la condena, aunque dejó abierta la posibilidad de presentar un recurso de casación.
Impacto social y cuestionamientos
El caso ha generado controversia por diversos motivos: las condiciones que llevaron a aceptar el principio de oportunidad, la permanencia laboral de Lora Correa en la Fiscalía durante dos años posteriores al crimen, incluyendo su reasignación a otro departamento, y la sanción disciplinaria de solo seis meses impuesta por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba. Los familiares de las víctimas consideraron esta última medida como una ‘burla’, según se documentó en medios regionales.
‘Durante el proceso judicial, el exfiscal aceptó los cargos, y bajo el atenuante de ira e intenso dolor, logró que le otorgaran el beneficio judicial.’
