Resolución judicial impone obligaciones a autoridades
Un tribunal federal emitió una resolución que compromete a la Fiscalía Regional y a la Comisión Estatal de Búsqueda en Coahuila, exigiéndoles implementar acciones concretas para investigar el caso de una joven desaparecida hace casi cuatro años en Torreón. La decisión judicial reconoce una omisión institucional en la gestión de este caso.
“La sentencia constituye un precedente clave para la defensa del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de desaparición en México”, declaró la madre de la joven durante un evento público en el Árbol de la Esperanza, espacio tradicional de encuentro para familias de personas desaparecidas.
Medidas específicas impuestas por el amparo
La resolución judicial establece una serie de acciones que deben cumplirse inmediatamente, incluyendo la elaboración de un informe detallado y un plan de búsqueda urgente. El tribunal también ordenó un seguimiento periódico por parte del sistema judicial y permitió la participación activa de los familiares en el proceso investigativo.
Entre las disposiciones más relevantes figura la obligación de entregar información semanal al tribunal sobre los avances de la investigación, así como garantizar acceso completo a todos los documentos y registros relacionados con el caso. “Deberán facilitar el acceso pleno e inmediato de los familiares de Jovanna a los registros, expedientes y bases de datos relacionados con las investigaciones ministeriales y operativos”, puntualizó la madre afectada.
Antecedentes del caso
La joven, identificada como Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, desapareció el 25 de junio de 2021 en Torreón. Tenía 22 años de edad, medía 1.67 metros, era de complexión delgada, tez morena clara, cabello ondulado castaño oscuro, ojos cafés medianos, boca grande y cejas abundantes. Posee un tatuaje en el costado derecho con la inscripción “HITZANI MAIALEN”.
La última vez que fue vista se encontraba en una residencia del fraccionamiento Latinoamericano, lugar donde convivía con su pareja, Christian “N”, quien fue detenido en mayo de 2022 como principal sospechoso del caso y actualmente se encuentra recluido en el penal de Torreón.
Impacto en la familia
El caso ha generado un profundo impacto en la familia, particularmente en su madre, María Guadalupe Pérez Ayala, y en su hija menor, quien al momento de la desaparición tenía 3 años y medio y ahora ya cumple 7 años. “Dejó una hija, que en ese entonces tenía 3 años y medio, quien se la pasa preguntando por ella y que ahora tiene 7 años de edad”, comentó con emoción la madre.
La familia agradeció públicamente el apoyo jurídico proporcionado por la abogada Lucía Razo, destacada por su dedicación al caso. “Agradeció a la abogada Lucía Razo, quien la ha asesorado y es su “ángel” para que las investigaciones prosperen y lleguen a la justicia”, se informó durante la rueda de prensa.
