Un juez guatemalteco emitió este viernes una condena de cuatro décadas de prisión contra tres exmiembros de organizaciones paramilitares acusados de cometer abusos sexuales contra seis féminas pertenecientes a comunidades autóctonas durante el periodo más violento del conflicto armado interno (1981-1983). Este fallo representa el segundo pronunciamiento judicial dentro del expediente conocido como Mujeres Achí.
Testimonios que marcaron la historia judicial
Entre las declaraciones que impactaron profundamente al tribunal destacó el relato de Pedrina Ixpatá Rodríguez, una de las sobrevivientes de los ataques sexuales ocurridos en 1983:
“Me iban a tirar al cuarto [en el destacamento militar] y ahí entraban los soldados, y ahí me violaron… Ya no aguantaba, me dolía el cuerpo, me dolía la cintura… Sufrí un aborto, porque ahí me embarazaron”
. La mujer originaria de Rabinal, en el departamento de Alta Verapaz, permaneció retenida durante un mes y nueve días junto a su familiar Paulina Ixpatá y otras féminas sometidas a interrogatorios, torturas y violaciones sistemáticas.
Reconocimiento al valor de las víctimas
La magistrada encargada del caso, María Eugenia Castellanos, destacó durante la lectura del veredicto la importancia de los testimonios femeninos:
“Su declaración tuvo un valor incalculable porque son delitos de soledad, son delitos que estigmatizan a la mujer y no es fácil que una mujer pueda relatar acerca de su violación. Estigmatizaron y estereotiparon no solo a la víctima, sino a su familia”
.
Responsables y medidas cautelares
Los sentenciados son Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Félix Tum Ramírez, condenados por crímenes contra la humanidad en forma de violencia sexual. Mientras se agota el proceso legal, deberán cumplir su condena en régimen de arresto domiciliario.
Proceso judicial y pruebas presentadas
El debate inició formalmente el 28 de enero de 2024. Durante las audiencias, se presentaron 168 elementos probatorios que incluyeron 12 testimonios, 10 dictámenes periciales, 139 documentos y siete soportes digitales conteniendo registros audiovisuales y archivos.
Antecedentes del caso
Las denuncias iniciales, presentadas entre 2011 y 2015 por 36 afectadas, apuntaban contra exmilitares y civiles colaboradores del ejército por delitos sexuales. En enero de 2022, cinco exintegrantes de patrullas de autodefensa fueron condenados a tres décadas de prisión en el primer juicio relacionado con estos hechos.
Reacciones al fallo judicial
Al concluir la audiencia, los asistentes en la sala ovacionaron el fallo. Mientras tanto, en el exterior del recinto judicial se exhibieron pancartas exigiendo justicia, con activistas de grupos defensores de derechos humanos esperando a las sobrevivientes para conmemorar el resultado.
Análisis legal y contexto histórico
Lucía Xiloj, representante legal de las afectadas, valoró el fallo:
“Este es un paso importante para las Mujeres Achí y para todas las mujeres víctimas de violencia sexual. Era el fallo que esperábamos y este estableció que las personas participaron como colaborados y por eso es que se aumenta la pena a 10 años de prisión”
.
Un comunicado conjunto de las organizaciones Impunity Watch y Mujeres Achí destacó la relevancia del proceso judicial al demostrar cómo el ejército guatemalteco empleó la violencia sexual como táctica de guerra contra comunidades indígenas durante el conflicto interno. Este tipo de juzgamiento tiene precedentes en el caso Sepur Zarco, donde en 2016 se lograron condenas en favor de las víctimas.
