Decisión judicial afecta a activistas sociales
La magistrada del Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla dictó que el abogado Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez permanecerán recluidos durante un periodo mínimo de seis meses mientras se desarrolla la fase de instrucción de su caso. Los defensores de derechos humanos enfrentan cargos por presuntos delitos de alteración del orden público y oposición al arresto relacionados con una protesta pacífica llevada a cabo el 12 de mayo.
Manifestación por desalojo de familias vulnerables
Los acusados participaban en una marcha silenciosa organizada por más de cien residentes de la Cooperativa El Bosque, quienes buscaban evitar el desalojo de trescientas familias considerado injusto. Durante la audiencia inicial que se prolongó tres horas, la defensa presentó diversos videos que mostraban a los manifestantes sin armas, sin daños a bienes públicos o privados y sin impedir el paso vehicular, contrastando con la versión oficial.
Polémica por evidencia presentada
La jueza tomó su determinación en apenas tres minutos sin observar directamente a los acusados o sus representantes legales. “La jueza consideró insuficientes los arraigos presentados como garantía para evitar la fuga de los procesados”, según relató Jaime Rodríguez Ortega, integrante del equipo defensor. La Fiscalía incluyó como supuestas armas objetos como una hamaca, una mesa y una cocina utilizadas por los manifestantes durante su permanencia en un espacio verde de la carretera hacia el Puerto de La Libertad.
Cuestionamiento a sistema judicial
Según los abogados defensores, la resolución judicial atenta contra derechos constitucionales fundamentales en El Salvador como la libertad de expresión, el derecho a asociarse y la posibilidad de disentir. “Estamos ante una desigualdad. Como abogado me siento impotente, como ciudadano me siento impotente. Quisiera que las cosas fueran diferentes, pero estamos en lo que estamos”, expresó Jaime Rodríguez Ortega.
Rechazo de organizaciones sociales
Organizaciones y ciudadanos se concentraron afuera del tribunal para mostrar su respaldo a los activistas. Jorge Díaz, representante de juntas de agua de la región, cuestionó “desde cuándo es delito ayudar a las comunidades”, mientras Arlette Rivera del Foro del Agua señaló que “esto demuestra que el sistema le falla a los defensores de derechos humanos por no existir una ley que les ampare”. Los asistentes consideraron que la justicia salvadoreña está actuando de manera selectiva.
