La investigación sobre una joven acusada de feminicidio presenta inconsistencias significativas, según testimonios y análisis de pruebas. A pesar de su presunta vinculación con el crimen, múltiples aspectos del caso indican que la imputación no cuenta con sustento sólido.
Elementos que cuestionan la acusación
La carpeta de investigación, revisada en su totalidad, carece de testimonios que vinculen directamente a la acusada. Los testigos presentes en el escenario no reportaron acciones atribuibles a María, y los peritajes apuntan a escenarios alternativos. El proceso judicial parece basarse más en prejuicios que en pruebas concretas.
“No hay elementos para sostener esta acusación. No hay testimonios que señalen directamente a María. Los testigos que estuvieron ahí no declararon en su contra, al contrario. Y los peritajes apuntan a otras hipótesis”.
Factores de discriminación en el caso
La joven, estudiante de medicina y parte de la comunidad LGBT+, enfrenta una situación agravada por su identidad. Las autoridades construyeron una narrativa basada en estereotipos: dos mujeres en una relación conflictiva terminan en un desenlace trágico. Esta hipótesis, sin fundamento probatorio, prioriza prejuicios sobre análisis científico.
“Porque lo que impera no es la justicia, sino el estigma. María es mujer, joven, estudiante de medicina, y forma parte de la comunidad LGBT+. Su identidad es usada en su contra”.
Deficiencias en el proceso judicial
La base de la acusación se fundamenta en peritajes cuestionables, elaborados meses después del incidente. Estos documentos, considerados “dogmáticos” y sin rigor técnico, intentan validar una historia emocional más que fáctica. La falta de evidencia real ha derivado en un caso construido sobre generalizaciones sociales.
“La única ‘prueba’ contundente resulta ser un par de dictámenes periciales dogmáticos, carentes de rigor científico, que 14 meses después del suceso pretende justificar una hipótesis emocional, no jurídica”.
