El gobierno de Estados Unidos interpuso una acción legal contra Texas por un programa educativo que brinda beneficios a jóvenes sin documentación migratoria, según información revelada este miércoles. La medida fue adoptada por el actual presidente Donald Trump a través de su administración.
Controversia por acceso a educación superior
El caso fue presentado en la corte federal del norte de Texas, donde se afirma que la legislación local viola principios constitucionales al otorgar “beneficios” a estudiantes extranjeros que no cumplen con los requisitos migratorios, afectando negativamente a los ciudadanos estadounidenses.
El polémico programa, instituido desde el año 2001 mediante una normativa denominada Texas Dream Act, permite a ciertos jóvenes extranjeros que residan en Texas y hayan terminado sus estudios secundarios acceder a tarifas educativas iguales a las de los residentes estatales.
Beneficios educativos y económicos
Esta política facilita el acceso a instituciones de educación superior a estudiantes que normalmente deberían pagar matrículas más altas por no ser residentes legales del estado. Además, les brinda la posibilidad de obtener apoyos financieros institucionales.
Organizaciones defensoras de derechos migratorios han destacado que esta iniciativa ha permitido a miles de jóvenes obtener educación superior a costos accesibles, contribuyendo al desarrollo económico local según reportes de la American Immigration Council.
Según estadísticas gubernamentales y del grupo Presidents Alliance, en el año 2022 existían más de 57,000 estudiantes sin documentos en las universidades públicas de Texas, representando el 8% del total de 666,000 matriculados.
Posicionamiento oficial del gobierno federal
“El Departamento de Justicia luchará incansablemente para hacer valer la ley federal y asegurar que los ciudadanos estadounidenses no sean tratados como ciudadanos de segunda clase en ninguna parte del país”, indicó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
Actualmente, los ciudadanos estadounidenses pueden acceder a tarifas reducidas en Texas siempre que demuestren residencia estatal mínima de un año y haber concluido estudios secundarios en instituciones locales.
