Un hito histórico con sombras políticas
El abogado Hugo Aguilar, originario de San Agustin Tlacotepec en Oaxaca, se convirtió en el primer juez indígena en llegar a la Suprema Corte desde Benito Juárez, gracias a los comicios judiciales del 1 de junio de 2025. Su triunfo, con más de seis millones de votos, fue celebrado por la presidenta Claudia Sheinbaum como un avance en la representación de los pueblos originarios, que conforman casi el 20% de la población nacional.
“Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país”, afirmó durante su campaña. Sin embargo, su vinculación con el movimiento político que impulsó Andrés Manuel López Obrador ha generado críticas entre sectores de la comunidad indígena que cuestionan su independencia.
De defensor a funcionario oficialista
Conocido por su trayectoria en derechos humanos y derecho constitucional, Aguilar colaboró en la defensa de pueblos originarios desde organizaciones como SERmixe en los años 90. “Tenía muchas inquietudes… y convicción”, recordó Sofía Robles, excolega suya. Su trabajo fue fundamental en las reformas post-zapatistas de 1994, aunque años después cuestionó su insuficiencia ante tratados internacionales.
Su giro hacia el oficialismo se consolidó con su participación en el Instituto de Pueblos Indígenas del gobierno federal, donde promovió consultas populares para megaproyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Romel González Díaz, representante de Xpujil, señaló que Aguilar minimizó los impactos negativos de estas obras durante su promoción.
Dudas sobre su independencia judicial
Las elecciones que lo llevaron a la Corte fueron criticadas por su baja participación ciudadana (13%) y por la percepción de que los nueve magistrados electos responden a intereses del partido en el poder. Incluso surgieron sospechas sobre supuestos apoyos oficiales en guías de votación investigados por autoridades electorales.
Francisco López Bárcenas, también abogado mixteco, precisó: “No es un candidato indígena. Es un indígena que resultó candidato”. La polémica se intensifica por la reforma constitucional de 2024, en la que Aguilar participó y que dejó fuera derechos territoriales históricamente demandados.
El académico Sergio Sarmiento Silva explicó que Aguilar argumentó la necesidad de evitar conceptos que generaran rechazo en la sociedad. Mientras tanto, Sofía Robles confía en que su experiencia impulse cambios reales: “Para muchos… es una esperanza”.
El desafío de representar a los pueblos originarios
La justicia indígena enfrenta múltiples obstáculos en México, desde la falta de intérpretes en procesos legales hasta la impunidad en casos de despojo territorial. Aunque la Suprema Corte ha reconocido algunos derechos, ha evitado pronunciarse sobre conflictos generados por megaproyectos.
Aguilar prometió durante su campaña una “justicia real, verdadera y con perspectiva pluricultural”, aunque persisten dudas sobre su capacidad para equilibrar su rol institucional con sus vínculos partidistas. Como reflexionó González Díaz: “El reto con Hugo es ¿a quién va a responder? ¿Al partido o a los pueblos indígenas?”.
