El Mapa Único de Inundaciones de 2025, desarrollado por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), revela que Guadalajara enfrenta 363 puntos críticos con potencial de inundaciones, de los cuales 147 requieren intervención inmediata. Entre estos puntos peligrosos se encuentran 24 pasos a desnivel donde la amenaza de quedar atrapado bajo el agua es constante, aunque solo seis de ellos cuentan con sistemas de alerta para conductores, según admitió la directora del instituto.
Discrepancias en la medición de riesgos
La Universidad de Guadalajara y el Imeplan presentan cifras contradictorias sobre la magnitud del problema. Mientras la institución gubernamental afirma que ha disminuido el número de zonas riesgosas, el investigador Luis Valdivia Ornelas indica que el número real de puntos críticos podría alcanzar los 580. “La diferencia no es menor. Es una muestra de cómo se construye un discurso que omite los datos que incomodan”, destacó el experto.
Desarrollo urbano en zonas prohibidas
Una de las principales preocupaciones radica en la autorización de proyectos inmobiliarios en áreas que deberían funcionar como zonas de amortiguamiento natural. Señalados como actos de irresponsabilidad política, estos permisos incluyen construcciones de viviendas, centros comerciales y estacionamientos subterráneos. Como resultado, barrios como Ciudad del Sol, Jardines del Bosque, Santa Elena Alcalde y Miramar sufren inundaciones reiteradas.
En Zapopan, más de dos mil 400 habitantes permanecen expuestos al peligro constante de perder sus hogares por la crecida de arroyos como ‘El Garabato’ y ‘Arroyo Seco’. Aunque la Ley de Aguas Nacionales prohíbe asentamientos en zonas federales y se reportan más de tres mil 500 predios irregulares, apenas setenta han sido demolidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde 2022.
Inversión incumplida y simulación institucional
En 2024 se prometió una inversión de 11.4 millones de pesos para instalar un sistema de detección de inundaciones en doce túneles vehiculares, con un plazo de entrega para marzo de 2024. Sin embargo, para junio de 2025, no hay evidencia física del proyecto, y los pasos a desnivel siguen representando un peligro latente.
Víctimas fatales y patrones repetitivos
Las lluvias han dejado un saldo trágico en los últimos años: 13 muertes en 2024, 23 en 2023 y un total de 72 desde 2018. La mayoría de las víctimas fallecieron atrapadas en sus vehículos, arrastradas por corrientes en zonas sin señalización ni protección.
En agosto de 2024, una avalancha en San Gabriel enterró viviendas y causó la muerte de cinco personas. Los estudios posteriores atribuyeron el desastre a la deforestación descontrolada y al uso ilegal del suelo. Solo se aplicaron siete multas, y un predio de 165 hectáreas no recibió sanción alguna. De más de mil 500 hectáreas investigadas en trece municipios, la Profepa actuó en una mínima proporción.
La urgente necesidad de un nuevo enfoque
El patrón de omisión y permisividad continúa. La falta de planeación, la tolerancia a la ilegalidad y el desconocimiento de advertencias técnicas convierten cada temporada de lluvias en una amenaza mortal. “¿Las víctimas deben ser el precio del desarrollo inmobiliario en Jalisco? Urge una reconfiguración de la relación de la ciudad con el agua”, concluyó el análisis.
