Nueva regulación amenaza viabilidad de emprendimientos
En un contexto de expansión del nearshoring y la digitalización económica, el gobierno federal ha presentado una propuesta legislativa que modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Mientras las autoridades destacan beneficios relacionados con la ‘soberanía digital’ y la eficiencia estatal, expertos advierten que el cambio podría tener consecuencias devastadoras para miles de micro, pequeñas y medianas empresas que dependen de su presencia en internet para operar.
Reestructuración institucional con implicaciones regulatorias
El proyecto actualmente en revisión por el Congreso propone la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como organismo autónomo, sustituyéndolo por una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) bajo control directo del Poder Ejecutivo. Esta nueva instancia tendría atribuciones extensas para intervenir plataformas digitales, imponer sanciones a contenidos y establecer barreras al acceso de tecnologías, basándose en conceptos ampliamente interpretados como ‘seguridad nacional’ o ‘estabilidad social’.
Impacto directo en comercio electrónico
La mayoría de los pequeños negocios en México ya enfrentan obstáculos significativos: acceso limitado a financiamiento, asesoría jurídica deficiente y escasas herramientas tecnológicas. Para muchos, plataformas como WhatsApp, Facebook, TikTok, Stripe, Amazon o Mercado Libre representan su única vía de comercialización. La iniciativa plantea riesgos concretos para esta dinámica, sin mecanismos claros para proteger a los emprendedores.
Riesgos de censura y desigualdad regulatoria
El texto legal eleva el riesgo de medidas discrecionales contra negocios pequeños, incluyendo prohibiciones de publicidad, censura de contenido o sanciones fiscales sin garantías de defensa legal adecuada. “Las MiPyMEs, como lo han demostrado históricamente, no piden privilegios”: solo demandan un entorno donde puedan competir sin miedo a que su canal de ventas desaparezca por decreto. Mientras corporaciones internacionales podrían negociar excepciones, las empresas locales quedarían expuestas a decisiones unilaterales.
Conflictos con acuerdos internacionales
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece principios como la neutralidad de la red y el acceso equitativo a servicios digitales. La reforma propuesta podría contradecir estos compromisos internacionales, exponiendo a México a posibles sanciones y afectando negativamente la competitividad del país, con consecuencias directas para los pequeños negocios que dependen de un entorno económico estable.
Recomendaciones para proteger emprendimientos
Ante estos desafíos, se han planteado acciones prioritarias: *Exigir claridad normativa* para definir con precisión los criterios de bloqueo de plataformas, *defender la autonomía de los órganos reguladores* para evitar concentración de poder y *incorporar a las MiPyMEs en la discusión legislativa* para dar voz a quienes resultarían más afectados. La digitalización económica requiere marcos legales que garanticen estabilidad, transparencia y equidad para todos los actores del ecosistema empresarial.
