La dependencia encargada de la política exterior de México, bajo la dirección de Juan Ramón de la Fuente, expresó su descontento por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de desechar una acción legal iniciada en 2021 contra empresas que fabrican y comercializan armamento en el país vecino del norte.
Razones del rechazo judicial
El tribunal estadounidense fundamentó su decisión en la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas, normativa que otorga protección legal a productores y vendedores de armas de fuego frente a demandas por actividades delictivas donde se empleen sus productos.
“No se comprobó que las compañías ‘ayudaran y facilitaran’ (aiding and abetting) el tráfico ilegal de armas. No obstante, el máximo tribunal no emitió opinión sobre el segundo fundamento, relacionado con la proximidad del daño (proximate cause)”
Destacó el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Continuidad en los esfuerzos legales
La SRE indicó que persistirá en sus esfuerzos judiciales contra el flujo de armas provenientes de Estados Unidos, destacando que las pruebas presentadas muestran claramente los perjuicios que generan estas empresas al país.
“México ha sustentado con elementos contundentes el perjuicio que sufren los ciudadanos por la acción de estas empresas y continuará combatiendo el tráfico de armas y exigiendo responsabilidades a quienes fabrican y permiten que estas armas lleguen a manos de grupos delictivos que ponen en riesgo la tranquilidad de las familias mexicanas”, agregó el documento oficial.
Estatus de las demandas
Es fundamental precisar que el gobierno mexicano interpuso dos demandas contra empresas armamentísticas estadounidenses: la primera en 2021 ante un tribunal de Boston, Massachusetts; y la segunda en 2022 ante un tribunal federal en Tucson, Arizona.
La determinación del tribunal estadounidense solo afecta a la primera de estas acciones legales, mientras que la presentada en Arizona continúa su proceso y actualmente se encuentra en fase de recolección de pruebas, según informó la cancillería.
Posicionamiento de la titular del Ejecutivo
Durante su habitual comparecencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que el gobierno federal continuará atento al desarrollo de estos procesos legales.
“Estaremos observando los resultados y les mantendremos informados”, señaló de manera concisa.
La mandataria ha sostenido reiteradamente la postura sobre el impacto negativo de las empresas armamentísticas estadounidenses en la inseguridad del país, destacando su influencia en el armamento de organizaciones criminales.
En múltiples ocasiones ha citado un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos que revela el origen estadounidense de armas utilizadas por grupos delictivos mexicanos.
Hace algunos meses, la presidenta planteó la posibilidad de ampliar las acciones legales contra estas empresas en respuesta al decreto emitido por Donald Trump que clasificaba a organizaciones mexicanas como grupos terroristas extranjeros.
