Un tribunal federal estadounidense ha determinado la nulidad de una normativa que concedía a estudiantes universitarios sin documentos migratorios el derecho a acceder a las tarifas educativas reservadas para residentes del estado de Texas. La sentencia judicial, derivada de una acción legal impulsada por la administración del presidente Donald Trump, afecta directamente a más de 70,000 jóvenes en situación migratoria irregular.
Antecedentes y contexto legal
La legislación, conocida como Texas Dream Act, fue implementada en 2001 bajo el mandato del entonces gobernador republicano Rick Perry. Esta norma permitía a jóvenes no ciudadanos que hubieran completado sus estudios secundarios en Texas obtener el mismo trato económico en instituciones educativas públicas que los residentes legales del estado. La Corte de Distrito del Norte de Texas emitió un fallo que declara dicha ley “inconstitucional e inválida”, respaldando así la demanda presentada por el Departamento de Justicia.
El argumento central del gobierno federal sostenía que Texas violaba principios constitucionales al otorgar beneficios exclusivos a extranjeros no documentados en perjuicio de ciudadanos estadounidenses. “La colegiatura estatal para los migrantes ilegales finalmente ha terminado en Texas”, afirmó el senador estatal Brandon Creighton, quien respaldó activamente la acción legal.
Impacto y reacciones políticas
El gobernador actual de Texas, Greg Abbott, confirmó que la decisión judicial tiene efectos permanentes en todo el estado. Datos del Higher Ed Immigration Portal indican que aproximadamente el 18% de los 408,000 estudiantes indocumentados en universidades estadounidenses reside en Texas, con un total de 73,000 afectados por esta resolución.
El sistema educativo universitario en Estados Unidos establece diferencias en las cuotas escolares: los estudiantes que provienen de otros estados pagan tasas significativamente más altas que los residentes locales. Esta medida permitía a jóvenes sin estatus legal, pero con arraigo académico en Texas, acceder a la educación superior con costos reducidos.
El representante demócrata Joaquín Castro, originario de San Antonio, criticó duramente la decisión judicial, afirmando que “lastimará a los texanos”. El legislador recordó que fue un mandatario republicano quien impulsó originalmente esta política hace más de dos décadas.
