Denuncia de operativo policial irregular
La exjefa de Estado argentina Cristina Fernández (2007-2015), actualmente bajo arresto domiciliario, denunció este viernes la instalación de un dispositivo de seguridad calificado como “totalmente irregular” por parte de autoridades, solicitando a sus adeptos que reubiquen la concentración prevista frente a su residencia.
“Hoy, durante la madrugada, sin orden judicial y en forma completamente ilegal, (la ministra de Seguridad Nacional) Patricia Bullrich montó un operativo policial en la puerta de mi casa con el único objetivo de provocar conflictos que, hasta ahora, nunca sucedieron”, manifestó la exmandataria en su cuenta oficial de X.
Reubicación de evento conmemorativo
Como medida consecuente, la dirigente del movimiento peronista recomendó a sus simpatizantes que trasladen la actividad programada para conmemorar el Día de la Bandera argentina desde su vivienda particular hacia un espacio verde ubicado en la zona sur de Buenos Aires.
“Tenía muchísima ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente, para esta que va a ser una larga marcha en el tiempo, es que -por favor les pido- redireccionen el banderazo que habían organizado y vayan al auditorio de Parque Lezama”, señaló.
Críticas contra funcionaria y contexto económico
La expresidenta instó a sus seguidores a mantener la serenidad y evitar caer en provocaciones que, según indicó, buscan generar disturbios. Hizo mención específica a la ministra Bullrich, a quien describió como “nefasta y capaz de cualquier cosa”.
Destacó que el desempleo en Argentina alcanzó niveles preocupantes, mencionando que el porcentaje general subió al 7.9%, con picos del 9.7% en zonas cercanas a Buenos Aires y 9.2% en los alrededores de Córdoba.
Contexto de movilizaciones y condena judicial
El miércoles previo, durante una multitudinaria manifestación de apoyo, Fernández expresó que podrían confinarla a ella, “pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino” desde los altavoces colocados en Plaza de Mayo.
Desde que el 10 de junio la Corte Suprema confirmó su sentencia de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para cargos públicos por irregularidades en contratos de infraestructura, sus seguidores han realizado diversas muestras de respaldo en diferentes puntos del país.
