Doral, ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade, se ha convertido en el epicentro de la comunidad venezolana en Estados Unidos. Conocida coloquialmente como “Doralzuela”, esta localidad enfrenta actualmente las repercusiones de las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump, que han generado un clima de incertidumbre entre sus habitantes.
Historia de migración y emprendimiento
Viviana Ferrer, abogada venezolana que llegó a Estados Unidos en 2018, encontró en Doral un refugio familiar. Tras trabajar en un restaurante, decidió invertir sus ahorros junto con Andrea Cabrera en un camión de comida. “El Negrito”, como lo llamaron, se convirtió en Arepa Point, un exitoso food truck que vende aproximadamente 200 arepas nocturnas en esta ciudad.
Este caso refleja el espíritu emprendedor de muchos venezolanos que han elegido Doral como su nuevo hogar. Según datos del censo de 2023, el 32.3% de los 79,359 habitantes son de origen venezolano, convirtiéndola en la localidad con mayor concentración de esta comunidad en Estados Unidos.
Transformación urbana y económica
La historia de Doral está ligada a la inversión del empresario Donald Trump, quien adquirió el Doral Hotel and Country Club en 2012, rebautizándolo como Trump National Doral Golf Club. Esta adquisición, junto con la estratégica ubicación cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, contribuyó al crecimiento económico de la zona.
Entre 2002 y 2014, la economía local creció un 21%, con una tasa de empleo que se expandió 2.6 veces más rápido que el resto del condado, según un estudio de la Universidad Internacional de Florida. Entre 2015 y 2023, la población aumentó un 42.3%, coincidiendo con la crisis humanitaria venezolana que forzó la salida de 7.8 millones de personas de ese país.
Impacto de políticas migratorias
El apoyo electoral a Trump en Doral ha generado contradicciones. Según registros del condado de Miami-Dade, el expresidente obtuvo alrededor del 60% de los votos en esta ciudad. Sin embargo, las medidas migratorias de su gobierno han afectado directamente a la comunidad venezolana.
El gobierno de Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía a unos 600,000 venezolanos y ordenó revocar el parole humanitario a 532,000 migrantes. Estas acciones, basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, han generado temor en la comunidad.
“Voté por Trump pensando que nos iba a ayudar a salir del gobierno de Maduro y resulta que ahora negocia con él y ataca a los venezolanos”, dijo una residente que pidió permanecer en el anonimato.
Desafíos actuales y futuro incierto
La alcaldesa Christi Fraga reconoció las dificultades de equilibrar la aplicación de las leyes federales con la protección de una comunidad que ha contribuido significativamente al desarrollo de la ciudad. “Definitivamente sentimos una contradicción”, afirmó. “Necesitamos proteger a una comunidad que sabemos que no son los criminales, (pero) tenemos la obligación de seguir las leyes y las órdenes federales”.
Entre los afectados, se encuentran dueños de empresas que contaban con TPS, familias que han decidido regresar a Venezuela por temor a deportaciones, y solicitantes de asilo que han modificado sus planes educativos. “Mi hijo se crio en Doral”, contó una madre. “Aunque no hayamos podido lograr un estatus más estable, él se siente estadounidense y sabe que tiene mucho que aportar a este país”.
La cultura venezolana sigue siendo un pilar importante en Doral. Espacios como El Maní, bar de salsa inspirado en su homónimo de Caracas, o los conciertos de Jorge Glem en Jam Global, ofrecen a los migrantes un pedazo de su tierra natal. “Hay muchísima gente con dificultades para volver a Venezuela. Poder tener un pedazo de ella fuera del país es algo que uno lo mantiene con los pies en la tierra”, expresó el reconocido cuatrista.
