La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una decisión vinculante dirigida al Estado peruano, exigiendo garantizar que víctimas de violaciones graves a derechos humanos puedan continuar siendo representadas por organizaciones civiles sin temor a represalias derivadas de la recientemente aprobada Ley APCI. El organismo internacional destacó que cualquier forma de sanción en este contexto constituye una violación al derecho de las víctimas a elegir libremente a sus representantes legales, basándose en confianza y competencia técnica.
Medidas provisionales en caso Gamboa García
La resolución forma parte de las medidas provisionales solicitadas por la Asociación pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) el 7 de abril en el Caso Gamboa García Vs. Perú. Las organizaciones denunciaron que el proyecto de ley generaba una situación de extrema gravedad y urgencia, al poner en riesgo el acceso a justicia para víctimas de violaciones a derechos humanos.
Represalia indirecta contra defensores de víctimas
El tribunal internacional determinó que aplicar la Ley APCI contra organizaciones representativas equivaldría a una forma de represalia prohibida por su Reglamento, específicamente en su artículo 53. El fallo enfatizó que esto afectaría directamente el derecho a la defensa de las víctimas, que incluye la garantía de contar con un defensor de su elección. Las autoridades señalaron que la posibilidad de sanciones podría inhibir a organizaciones de continuar con su labor de apoyo legal a víctimas.
Contexto de restricción a libertad de asociación
Más de 300 periodistas y organizaciones internacionales han expresado su preocupación sobre las implicaciones de la Ley APCI, señalando que el Ejecutivo peruano, a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, podría limitar actividades periodísticas e investigaciones, prohibiendo incluso el uso de recursos internacionales para acciones legales contra el Estado, incluyendo solicitudes de acceso a información pública esencial para el periodismo investigativo.
Informe regional sobre restricciones al espacio cívico
El informe ‘Curtailing Civic Space’ elaborado por el Washington Office on Latin America (WOLA) señala a Perú como parte de un grupo de países en América Latina que restringen activamente la libertad de asociación. El documento, con sede en Washington D.C., detalla cómo Perú ha adoptado normas similares a las de Venezuela, Paraguay, Rusia y Nicaragua, que dificultan o imposibilitan el trabajo de organizaciones civiles.
“El gobierno de Perú ha aprobado leyes diseñadas para obstaculizar, e incluso impedir, la operación de organizaciones de derechos humanos y otras entidades de la sociedad civil”, afirman las autoras del informe, Maureen Meyer y Corie Welch.
El estudio identifica patrones comunes en el uso de herramientas legales como mecanismos de represión, comparando directamente la situación en Perú con casos en Venezuela y El Salvador, donde se ejerce control político mediante represión legal. Según el análisis, existe una tendencia regional donde gobiernos actúan agresivamente para restringir el espacio cívico a través de cambios regulatorios y legislación específica.
