Lucha desesperada por justicia
Una madre ecuatoriana lanza un clamor urgente para que se concrete la extradición del presunto abusador sexual de su hija desde Argentina. Tras casi cuatro años de impunidad y obstáculos legales, la mujer mantiene viva la esperanza de que el acusado enfrente un juicio en su país natal. El caso, conocido como el Caso Cristina, involucra a una menor que fue atacada cuando tenía siete años y cuyo proceso judicial quedó en punto muerto desde que el principal sospechoso escapó a Argentina, lugar donde fue detenido por la Interpol en mayo, aunque aún no ha sido entregado a las autoridades ecuatorianas. “Mi hija merece justicia. No más demoras”, afirmó la madre en entrevista exclusiva para Infobae.
Proceso de extradición estancado
El arresto del individuo en territorio argentino, tras años prófugo, significó un avance crucial, pero el trámite legal se ha convertido en una nueva prueba para la familia. Según Diego Orozco, uno de los abogados del caso, Ecuador ya presentó formalmente la solicitud de extradición, la cual está bajo análisis de tribunales argentinos. “No se trata de valorar si hay culpabilidad o inocencia, sino de verificar si se cumplen los requisitos de forma. Y eso ya se cumple”, señaló el jurista, quien advierte que la negativa del acusado a regresar ha generado retrasos en el proceso.
Consecuencias legales y humanas
El tiempo avanza sin resolución, y con ello, el riesgo de que el caso se estanque. “Si no se concreta la extradición, el juicio no puede avanzar”, alerta el abogado, destacando que la legislación ecuatoriana impide juzgar en ausencia del acusado en delitos de violación. Esta situación provoca un sufrimiento inmenso para la menor, quien actualmente tiene once años pero “su mente quedó atrapada a los siete”, según su madre, quien detalla que su hija toma medicación antipsicótica y sufre secuelas físicas y emocionales.
Presión a gobiernos y autoridades
El desespero de la madre la ha llevado a hacer un llamado directo a los gobiernos de ambos países. “Le pido al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich que no permitan más demoras. La ministra celebró en redes la captura del agresor. Ahora necesitamos que ese proceso avance”, sostuvo. También solicitó intervención urgente de la embajadora ecuatoriana en Argentina, Diana Salazar, exfiscal general del Estado, a quien le expresó: “Usted sabe lo que es este caso, conoce el expediente. Le ruego que haga todo lo posible para que no se archive en el olvido”.
Revictimización y amenazas
El caso ha estado rodeado de irregularidades desde el inicio: testimonios anticipados de la menor fueron interrumpidos, peritos cuestionaron su relato sin fundamentos técnicos y varios fiscales fueron rotados sin presentar cargos oportunamente. Además, documentos clasificados han sido filtrados y utilizados en redes sociales para atacar a la madre y a la víctima, generando una constante revictimización. “Publican su nombre, su foto, detalles médicos. ¿Dónde están los jueces, los fiscales? ¿Por qué no actúan de oficio?”, cuestionó el abogado.
Secuelas de un sistema fallido
Desde que se presentó la denuncia, la familia ha enfrentado amenazas constantes, particularmente en el entorno digital tras la detención del acusado en mayo. La madre describe cómo su vida ha cambiado: “Era mi bebé, cantaría, bailarina… y ahora ya no”. Su mayor temor es que el caso termine en impunidad, lo que reforzaría la percepción de un sistema judicial lento e ineficaz frente a delitos contra menores: “Hoy es mi hija. Mañana o pasado, ¿cuántos niños más van a ser?”, concluyó.
