El máximo órgano judicial estadounidense emitió una resolución provisional que posibilita al mandatario estadounidense Donald Trump proceder con su proyecto de eliminación del Departamento de Educación, considerado como uno de sus compromisos electorales más relevantes.
La determinación, adoptada por el bloque conservador con votación de 6 contra 3, interrumpe una medida cautelar otorgada en Massachusetts que impedía el despido de aproximadamente 1,400 trabajadores del organismo, mientras prosigue la disputa legal respecto a la eliminación prevista.
Marco legal y decisiones previas
El mandatario estadounidense emitió una disposición ejecutiva en marzo de 2025 destinada a suprimir el Departamento de Educación y redistribuir sus responsabilidades a nivel estatal, con el objetivo de fomentar un sistema educativo descentralizado.
El magistrado Myong Joun del distrito de Massachusetts prohibió los despidos en mayo, indicando que estos “posiblemente inmovilizarían al departamento” y que el procedimiento de supresión requeriría la autorización legislativa.
Opiniones disidentes y posicionamientos
Las magistradas progresistas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson manifestaron su desacuerdo de forma contundente. Sotomayor señaló que la mayoría “probablemente ignora deliberadamente las consecuencias de su decisión o actúa con ingenuidad. También advirtió que permitir a la Administración ejecutar una promesa pública de incumplir la ley sin impedimentos constituye una omisión del poder judicial”.
La titular de Educación, Linda McMahon, mostró satisfacción con la determinación y afirmó que el presidente posee “autoridad definitiva” sobre la organización interna y cantidad de empleados de las instituciones federales.
Alcance de la decisión y consecuencias pendientes
Aunque esta medida autoriza avanzar temporalmente con el plan de eliminación, no constituye un veredicto definitivo sobre la legalidad del cierre del Departamento, ya que en última instancia solo el Congreso puede aprobar su derogación formal.
El asunto continúa siendo analizado en tribunales federales inferiores, donde agrupaciones demandantes, incluyendo distritos escolares y estados, continúan impugnando la medida.
