El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido un comunicado urgente dirigido al departamento encargado de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, liderado por Félix Bolaños, exigiendo una aclaración inmediata sobre el uso de una dirección institucional de correo electrónico por parte de Begoña Gómez, esposa del primer mandatario del país.
Interrogantes sobre acceso a sistema oficial
La controversia se centra en la posesión de un correo electrónico asociado al dominio gubernamental presidencia.gob.es por parte de una persona que no desempeña función pública dentro del Estado. En el mes de noviembre pasado, un ciudadano presentó un escrito de consulta ante el Ministerio formulando tres cuestionamientos específicos: “¿Qué posición ocupa Begoña Gómez para disponer de un email con dominio de ‘presidencia.gob.es’? ¿Por qué alguien sin responsabilidad institucional tiene un correo con ese dominio? ¿Tuvo la pareja del anterior jefe de Gobierno un email con el dominio presidencia.gob.es?”.
Falta de respuesta institucional
Tras no recibir contestación en el periodo legalmente establecido, el interesado presentó en marzo de este año una queja formal ante el organismo regulador. A pesar de que este ente remitió la consulta al Ministerio correspondiente para su atención, no se obtuvo respuesta alguna.
El Consejo emitió un pronunciamiento indicando que “la falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin efecto el ejercicio de un derecho constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública”. Como consecuencia, exige al Ejecutivo responder en un plazo no mayor a 10 días al ciudadano solicitante, y además remitir una copia de dicha información al propio Consejo.
Marco legal y responsabilidades
El organismo reitera que el derecho a solicitar información sobre la gestión institucional está respaldado por la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y que el incumplimiento de esta obligación no solo viola este derecho, sino que además puede derivar en sanciones legales y administrativas.
Este no es el primer asunto relacionado con la cónyuge del presidente que llega a este organismo. También en noviembre de 2023, otro ciudadano presentó una solicitud al Ministerio de la Presidencia para verificar si era cierta la información periodística sobre la existencia de una asistente vinculada a Gómez en el ámbito de Moncloa.
Demandas sin resolver
El solicitante buscaba conocer si esa persona formaba parte del personal asesor de Moncloa, la fecha de su contratación, y en qué edición del Boletín Oficial del Estado (BOE) fue publicada su designación, como establece la normativa para los nombramientos en la Administración Pública.
Sin embargo, la institución volvió a mantener silencio. Ni el ciudadano ni el propio Consejo recibieron respuesta, lo que ha motivado al organismo a emitir una nueva resolución instando nuevamente al Ejecutivo a contestar en el mismo plazo de 10 días. Se exige además al Ministerio que envíe también una copia de la información al Consejo como constancia del cumplimiento del procedimiento.
