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Ciencia

Human Rights Watch pide a Lula da Silva rechazar propuesta que amenaza el medio ambiente brasileño

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Human Rights Watch emitió una llamada urgente al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para que rechace una iniciativa legislativa que amenaza con debilitar las normas de protección ambiental en el país. La organización denunció que la propuesta permitiría actividades extractivas como la explotación petrolera, minera y agroindustrial en la Amazonía con mínima supervisión ambiental.

Aprobación y críticas al proyecto

El proyecto de ley general sobre permisos ambientales fue aprobado el 17 de julio por la Cámara de Diputados, recibiendo el nombre de “proyecto de ley de devastación” por sectores de la oposición. Según HRW, la medida afectaría especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes cuyos territorios aún no han sido reconocidos oficialmente.

Riesgos ambientales y sociales

La organización advierte que la iniciativa reduciría las exigencias para obtener autorizaciones ambientales, omitiendo análisis sobre el impacto de los proyectos en el calentamiento global. Además, se crearía una licencia ambiental especial para proyectos considerados estratégicos, “sin evaluar sus consecuencias en el medio ambiente ni en los derechos humanos”, según el informe.

Alerta internacional y contexto climático

HRW destacó que la aprobación del proyecto ocurre en un momento crítico, a pocos meses de la celebración de la COP30 en Belém, Brasil, donde el país debería asumir una posición de liderazgo en temas climáticos. María Laura Canineu, representante de la organización, enfatizó que “permitir que proyectos avancen sin evaluaciones de impacto ambiental es una receta para el desastre”.

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Impacto en políticas ambientales

El texto propuesto otorga a autoridades locales, estatales y federales la facultad para definir qué actividades requieren menos rigor en sus evaluaciones ambientales. La ONG sostiene que esto agravará el cambio climático al incentivar actividades altamente contaminantes. Además, resalta que Brasil está obligado por tratados internacionales a proteger los derechos humanos en sus políticas ecológicas.