La madre de un bebé de tres meses, Angélica Luna Jiménez, denuncia la complicidad de autoridades en la sustracción de su hijo por parte de Luis Enrique N, funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla y colaborador de la diputada Azucena Rosas Tapia. La afectada asegura enfrentar tráfico de influencias y violencia institucional durante el proceso legal.
Separación forzada y omisión judicial
Angélica Luna Jiménez permanece separada de su hijo desde hace diez días, cuando el padre lo arrebató violentamente del vehículo donde viajaban. Luis Enrique, ya investigado por golpizas y abusos físicos bajo una denuncia previa por violencia familiar, obtuvo el favor de una jueza que ignoró el delito y no exigió la presentación del menor, a pesar de que la custodia es compartida.
Intimidación gubernamental
Tras reportar la desaparición del niño, la jueza de oralidad recomendó a la madre que “salvaguardara sus derechos y que no había respuesta para nada”, omitiendo su deber de exigir la inmediata presentación del bebé, según expertos legales. La Fiscalía de Puebla, además, amenazó con separar al niño de ambos progenitores y entregarlo al sistema DIF si no se retractaba de su denuncia.
Presión laboral y abandono institucional
Angélica, empleada en el área de atención ciudadana de la SEP, relató la falta de respuesta de la institución tras presentar la denuncia contra su colega ante el titular y las áreas de igualdad de género. Mientras el acusado continuó laborando sin sanción tras la sustracción del menor el 15 de julio, la afectada fue hostigada por agentes de la Fiscalía durante una protesta en las instalaciones de la SEP. Funcionarios le advirtieron que su acción sería reportada al gobernador Alejandro Armenta.
Denuncias por violencia institucional
Organizaciones feministas y la abogada Montserrat Lydia González acusaron a las autoridades de priorizar la protección del presunto agresor en lugar de garantizar el interés superior del menor. González destacó que, además de las amenazas sobre la custodia, no se otorgaron medidas de protección a la madre ni se exigió la localización del bebé, cuyo estatus legal es de “desaparecido”.
Irregularidades en el proceso legal
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas negó emitir una Alerta Amber y eliminó la ficha de búsqueda a solicitud del acusado. Paralelamente, el primer abogado de Angélica, Raúl Andrade Osorio, fue detenido en un operativo calificado como “montaje” por sus colegas, quienes señalaron irregularidades que sugieren motivaciones políticas relacionadas con su defensa contra la “ley censura”.
Abandono legal y amenazas políticas
La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Violencia de Género recomendó a Angélica recurrir a un abogado de oficio tras la detención de su defensor, dejándola en situación de indefensión frente a las conexiones políticas del acusado. Colectivas feministas vincularon el caso con un entramado de tráfico de influencias que impide la justicia para la madre y su hijo.
