Impasse legal prolongado
Un reciente fallo judicial emitido el 25 de julio en Boston vuelve a frenar la implementación de una polémica medida migratoria promovida por el gobierno de Donald Trump. Esta decisión, dictada por el magistrado Leo Sorokin, se suma a otras dos sentencias anteriores que cuestionan la legalidad del decreto presidencial.
El juez federal del distrito de Massachusetts explicó que las órdenes judiciales nacionales previas mantienen su validez, argumentando que “El expediente no sustenta un hallazgo de que una opción más limitada protegería de manera factible y adecuada a los demandantes de los daños que han demostrado que probablemente sufrirán”.
Incumplimiento de plazos oficiales
La normativa, diseñada para restringir la ciudadanía automática a hijos de migrantes indocumentados, estaba programada para comenzar a aplicarse este fin de semana. Sin embargo, las sucesivas medidas cautelares han generado un escenario de incertidumbre sobre su posible implementación.
El bloqueo más reciente se suma a otro dictamen emitido a inicios de julio por el juez Joseph Laplante en New Hampshire, derivado de una acción legal presentada por la ACLU. Además, un fallo federal en Seattle desde enero de 2025 mantiene vigente una restricción provisional contra el decreto.
Alcance institucional del decreto
El texto original de la medida afectaría a múltiples agencias federales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional y su titular, el Departamento de Estado y su secretario, el Departamento de Agricultura con su respectivo encargado, y los Centros de Servicios de Medicare/Medicaid junto a su administrador.
“La Constitución no es algo con lo que el gobierno pueda hacer maniobras políticas”, declaró el juez John C. Coughenour en Seattle. “Si el gobierno quiere cambiar la excepcional concesión estadounidense de la ciudadanía por nacimiento, necesita reformar la propia Constitución”.
Base legal del decreto presidencial
La orden ejecutiva, publicada el 25 de enero de 2025 durante el segundo mandato de Trump, se fundamenta en una interpretación específica de la Decimocuarta Enmienda. El texto oficial sostiene que “La Decimocuarta Enmienda nunca se ha interpretado como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos”.
Entre los supuestos exceptuados se encontrarían los casos donde:
- La madre esté en situación migratoria irregular y el padre no sea ciudadano o residente legal
- La madre cuente con estatus temporal y el padre tampoco posea residencia permanente o ciudadanía estadounidense
