Una empresa inmobiliaria intenta comercializar departamentos involucrados en un conflicto legal en la colonia Gobernadores, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. Los inmuebles pertenecen a Adán Larracilla, quien denuncia que fueron ilegalmente tomados por un grupo al que identifican como Cártel Inmobiliario en la calle General Rosendo Márquez.
Alerta por anuncio en portal digital
El afectado fue notificado por otro de los involucrados sobre un anuncio de venta en el sitio propiedades.com, donde se ofrecían los departamentos que estaban próximos a su terminación y destinados inicialmente al alquiler. El listado ya no está activo y presenta una etiqueta que indica “Fuera del Mercado”. El valor solicitado según el portal era de 1.3 millones de pesos.
Denuncia sobre estructura ilegal
En declaraciones a URBANO Noticias, Larracilla explicó que adquirió el terreno en 2023 y construyó los departamentos con intención de rentarlos. El desalojo ocurrió el 16 de julio de este año cuando se encontraban en fase final de construcción. Indicó haber intentado comunicarse con Guillermina San Román, presunta responsable del anuncio, pero fue bloqueado tras identificarse como propietario legítimo.
Proceso judicial en curso
El constructor relata que se dedica a esta actividad como negocio familiar y que es la primera vez que enfrenta una situación de este tipo. Junto con otros seis afectados, presentaron un amparo cuya admisión ya fue confirmada, solicitando la devolución de sus propiedades. Los siete vecinos de la colonia fueron desalojados bajo amenazas y con presencia de armas por lo que identifican como un grupo organizado en el sector inmobiliario.
Origen del conflicto
El despojo se relaciona con una disputa financiera en la que Emma Dulce Flores Hernández exigía a Ángel Andrés Bustos Flores un pago de un millón de pesos. Como garantía, él presentó un terreno de más de 700 metros cuadrados. No obstante, el proceso judicial no menciona construcciones en el predio ni la relación entre ambas partes, quienes residen en la misma calle y podrían haber pactado para apropiarse de los inmuebles.
Participación judicial cuestionada
Los afectados señalan la participación de Paulino Coronel Díaz, juez con sede en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. Este funcionario interviene en un área distante 249 kilómetros de la colonia Gobernadores, ubicada en una zona fronteriza entre San Andrés Cholula (Puebla), Cosolapa (Veracruz) y Oaxaca. Su jurisdicción corresponde al Distrito de Tuxtepec, región del Papaloapan, a siete horas de la capital oaxaqueña.
