Exhorto formal al Consejo de la Judicatura
El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas formuló una solicitud formal dirigida al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. La propuesta busca que se lleve a cabo una investigación sobre dos jueces de control en Reynosa, acusados de modificar medidas cautelares en casos relacionados con extorsión agravada.
La iniciativa, ya turnada para su análisis, apunta a los jueces Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados. Según el documento, ambos magistrados habrían reducido las medidas de seguridad impuestas a presuntos delincuentes, permitiendo su libertad bajo condiciones menos restrictivas, a pesar de la gravedad de los delitos imputados y el riesgo para las víctimas.
Casos específicos bajo sospecha
El primer caso señalado tiene el número de expediente 025/2025. En este caso, el juez Rocha Sánchez revocó la prisión preventiva aplicada a cuatro individuos acusados de extorsión agravada y posesión simple de drogas. La medida fue sustituida por presentación periódica y una garantía económica mínima. El segundo caso, identificado con los folios 028/2025 y causa penal 119/2025, involucra a dos presuntos extorsionadores. En este caso, el juez Luna Casados impuso únicamente restricciones de acercamiento y concurrencia.
Impacto en la seguridad y confianza pública
El exhorto destaca que estas decisiones judiciales generan un riesgo directo para la población, afectan la estabilidad económica local y debilitan la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. Especialmente en Reynosa, donde el fenómeno de la extorsión bajo la modalidad de ‘cobro de piso’ ha generado un clima de inseguridad entre comerciantes y proveedores de servicios.
Morena reitera que la extorsión, considerada un delito grave y catalogado bajo prisión preventiva oficiosa, debe ser tratado con criterios que prioricen la seguridad ciudadana y la protección de las víctimas. “El exhorto solicita al Consejo de la Judicatura investigar los casos y, en su caso, aplicar sanciones administrativas y disciplinarias a los jueces.”
Solicitud de colaboración institucional
La iniciativa también contempla la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con la finalidad de proporcionar información relevante que facilite la investigación. El objetivo es identificar posibles irregularidades en la administración de justicia y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
