Presidente colombiano cuestiona inacción en caso de espionaje digital
En una reunión ministerial llevada a cabo el 19 de agosto, Gustavo Petro volvió a enfocar la atención en el controvertido asunto del programa de vigilancia Pegasus. El primer mandatario reprochó públicamente al titular de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, la ausencia de un proceso investigativo formal sobre el presunto adquirido ilegal del software israelí durante el periodo presidencial de Iván Duque.
“Ministro de Defensa, le he manifestado que este tema tiene prioridad estratégica para esta administración”, expresó Petro durante la sesión de gobierno, destacando la relevancia de la guerra tecnológica contemporánea. “La lucha de clases moderna se libra en los algoritmos y la matemática, no en los campos de batalla tradicionales”, agregó el presidente.
Cuestionamiento a la dependencia tecnológica externa
El jefe de Estado colombiano enfatizó la necesidad de desarrollar capacidades tecnológicas propias, criticando la adquisición del sistema espía Pegasus: “Los programas informáticos deben ser producidos localmente, no adquiridos ilegalmente en mercados extranjeros”. Petro subrayó que el supuesto uso del software para vigilancia ilegal de altos funcionarios y militares constituye un acto delictivo sin resolver.
Presunto financiamiento ilícito
Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, reveló que según investigaciones preliminares, el pago de 11 millones de dólares por el software en 2021 podría haberse originado en actividades ilegales. “Contamos con evidencia que respalda el lavado de dinero en esta transacción”, afirmó Lemus en declaraciones públicas, señalando que los fondos habrían sido transferidos en efectivo a la empresa NSO Group.
Historial de controversias del programa espía
El programa Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group Technologies Ltd., posee capacidades avanzadas para activar cámaras y micrófonos de dispositivos móviles, monitorear comunicaciones por WhatsApp y acceder a documentos almacenados. Su uso indebido ha sido documentado en múltiples países, incluyendo México, Hungría y Arabia Saudita.
Según reportes periodísticos previos, la Policía Nacional colombiana habría mantenido contactos con la empresa israelí. La investigación oficial continúa analizando la legalidad de las operaciones financieras relacionadas con el presunto contrato de adquisición del software espía.
