Operaciones federales en tribunales de inmigración
Desde el inicio del año, más de 50 menores de edad han sido retenidos en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, revelan datos de la Universidad de California, Berkeley. Al menos 38 de estos jóvenes, muchos provenientes de Ecuador, han sido expulsados del país.
El caso de una madre ecuatoriana y sus tres hijos, incluyendo una menor de 6 años, generó conmoción en la opinión pública local. La familia fue detenida durante una audiencia obligatoria en Manhattan, separando a los menores para enviarlos a distintos centros de detención en Texas y Nueva Jersey.
“Instamos a este gobierno a que deje de separar a las familias y apoye a quienes, como Martha y Manuel, vienen a este país en busca de una vida mejor”, declaró Paige Austin, abogada de Make the Road New York, organización que representa a uno de los jóvenes deportados.
Políticas migratorias reactivadas
El gobierno del presidente Donald Trump ha reactivado políticas de contención migratoria implementadas durante administraciones anteriores, incluyendo la detención conjunta de familias. Esta estrategia, según el ICE, busca disuadir la inmigración ilegal y garantizar la comparecencia en tribunales, aunque organizaciones de derechos humanos han señalado sus efectos negativos en el desarrollo psicológico infantil.
“Las familias pueden ser deportadas juntas”, afirmó Thomas Homan, asesor fronterizo del presidente Trump, durante una entrevista con CBS. No obstante, abogados especializados en derechos migratorios sostienen que estas prácticas terminan fragmentando unidades familiares.
Centro de detención en Texas
El Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, operado por la empresa CoreCivic, ha recibido a cientos de familias deportadas. Con capacidad para 2,400 personas, este establecimiento reabierto durante el actual mandato presidencial ha generado críticas por sus condiciones de alojamiento.
Según reportes de abogados, las personas retenidas enfrentan dificultades para acceder a agua potable, atención médica adecuada y servicios educativos para menores. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, aseguró que las instalaciones “proveen seguridad y cubren necesidades médicas”.
Impacto en comunidades educativas
Al menos cinco estudiantes de escuelas públicas neoyorquinas han sido detenidos durante audiencias migratorias, incluyendo a Dylan Lopez Contreras, un joven venezolano de 20 años matriculado en una institución educativa del Bronx. La canciller escolar Melissa Aviles-Ramos ha insistido en que “nuestras escuelas son lugares seguros y acogedores”.
Entre los casos documentados se encuentra el de Derlis Snaider Chusin Toaquiza, estudiante ecuatoriano de 19 años que cursaba el undécimo grado en Queens, y Joselyn Chipantiza-Sisalema, también ecuatoriana, de 20 años. Ambos permanecieron recluidos varios días antes de obtener libertad bajo fianza.
“Seguimos viendo cómo las unidades familiares son, en esencia, destrozadas”, afirmó Allison Cutler, abogada del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York, al describir las acciones de agentes federales en pasillos de tribunales migratorios.
