Francia en punto de mira por ajuste fiscal
El primer ministro francés, François Bayrou, inicia un escenario político complejo marcado por la discusión del proyecto de presupuesto de 2026, que enfrenta críticas generalizadas tanto de partidos de oposición como de organizaciones sindicales.
El jefe del Ejecutivo programó una rueda de prensa seguida de reuniones con representantes sindicales, empresariales y grupos parlamentarios con el propósito de buscar acuerdos que eviten un posible desplome gubernamental por moción de censura.
Presión social y calendario de movilizaciones
Ante anuncios de paros en sectores clave como salud, transporte y energía, y una convocatoria generalizada a paralizar actividades el 10 de septiembre, Bayrou intenta anticiparse a un otoño de intensa agitación social y política.
En entrevista publicada por Le Parisien, el dirigente centrista reiteró su postura: “Los ciudadanos terminarán comprendiendo la gravedad de la situación y la necesidad de controlar los gastos”. El plan gubernamental incluye reducciones de 43.800 millones de euros y aumento de ingresos, con el objetivo de reducir el déficit del 5,8 % del PIB en 2024 al 4,6 % en 2026.
Desafíos parlamentarios y críticas sociales
Bayrou admitió la minoría parlamentaria del gobierno en la Asamblea Nacional, recordando que su antecesor Michel Barnier fue derrocado en diciembre de 2024 por el presupuesto de 2025. “Solo hay dos opciones: caer o intentar salir”, afirmó.
El mandatario sostuvo un encuentro con el presidente Emmanuel Macron en el Fuerte de Bregançon, aunque no se revelaron detalles del diálogo, supuestamente enfocado en estrategias para conseguir apoyo legislativo.
La oposición y sindicatos acusan al gobierno de centrar el ajuste en sectores de menores recursos, sin afectar significativamente a los estratos más adinerados. Destaca el rechazo a la eliminación de dos festivos nacionales para incrementar la productividad.
Movimientos opositores y propuestas alternativas
Partidos de izquierda preparan una moción de censura para cuando inicie el periodo legislativo el 22 de septiembre, aunque necesitan respaldo del Partido Socialista y la ultraderecha de Marine Le Pen para materializarla.
La iniciativa de un paro general el 10 de septiembre, originada en redes sociales, podría contar con respaldo político moderado. El líder socialista Olivier Faure señaló que “debemos guiar este movimiento hacia una solución que no beneficie a la extrema derecha”.
Jean Luc Mélenchon, representante de La Francia Insumisa, exigió una huelga general para esa fecha, proponiendo impuestos al 2 % del patrimonio de los 147 ciudadanos más ricos (13.000 millones), gravamen a beneficios excesivos de empresas (26.000 millones) y restablecimiento del impuesto a grandes fortunas (4.000 millones). “Hay que buscar el dinero donde está”, enfatizó en declaraciones a BFMTV.
Proyecciones fiscales y deuda pública
El gobierno busca frenar el desbordamiento del déficit, que llegaría al 5,4 % en 2025, con proyección de llegar al 2,8 % en 2029 cumpliendo así el Pacto de Estabilidad de la UE.
La deuda pública francesa alcanzó 3,345 billones de euros (114 % del PIB) al cierre del primer trimestre, con servicio que costará 55.000 millones en 2025 y podría ascender a 75.000 millones en 2027 sin acciones contundentes, advirtió el Ejecutivo.
