En un operativo llevado a cabo durante la madrugada del 28 de agosto, fue aprehendido José Víctor Guerrero González, exencargado de la Secretaría de Educación en el estado de Sonora. El arresto se relaciona con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su gestión, la cual se desarrolló entre enero de 2018 y septiembre de 2021 bajo la administración de Claudia Pavlovich Arellano.
Detenciones y proceso legal
De acuerdo con comunicados oficiales de la Fiscalía estatal, junto con el exsecretario fue detenido Francisco Alberto “N”, ex titular de la Secretaría de Cultura de Sonora. Ambos enfrentan acusaciones por los delitos de peculado y presunto incumplimiento de deberes legales. Durante la primera audiencia celebrada el mismo día de la detención, se presentaron pruebas por parte del Ministerio Público, aunque la defensa solicitó una ampliación del plazo constitucional a 144 horas para continuar con las investigaciones.
Antecedentes de irregularidades
La Plataforma Nacional de Transparencia reveló que desde su primer año en el cargo, Guerrero González había sido señalado por inconsistencias en la aplicación del Programa Nacional de Inglés (Proni) en el estado. Informes de auditoría del ejercicio fiscal 2019 mostraron múltiples irregularidades, incluyendo 10 observaciones específicas relacionadas con la gestión de dicho programa educativo.
Una carta oficial dirigida al exfuncionario detallaba que nueve de las observaciones no eran cuantificables económicamente, vinculadas principalmente a aspectos de desempeño institucional. Sin embargo, la décima observación destacaba un desbalance financiero en la conciliación de cuentas. Entre los hallazgos se encontró que 21 instituciones educativas no recibieron los materiales didácticos correspondientes, por un valor aproximado de 778 mil 615 pesos.
Irregularidades en contrataciones docentes
Uno de los hallazgos más significativos se relacionó con el pago a instructores en el año 2020. Un informe oficial señaló que se identificaron anomalías en relación con 1,075 maestros por un monto total de 6 millones 779 mil 735 pesos. Esta cifra corresponde a pagos realizados por servicios de asesoría en el curso de inducción al uso de plataformas tecnológicas para enseñanza de inglés, impartido por la empresa Lec Languages and Education Consulting, S.C., en febrero de 2020.
El documento, fechado el 23 de octubre de 2020 y recibido por la oficina del exsecretario, indicaba que el curso estaba programado inicialmente para 985 docentes de educación primaria, pero finalmente se extendió a 1,108 educadores. Se encontró además que en muchos casos no se registraron correctamente los centros escolares donde trabajaban los docentes, y en otros casos se asignaron a instituciones que no estaban incluidas en el padrón oficial del programa.
Impacto en el ámbito nacional
Estos hallazgos llevaron a la Auditoría Superior de la Federación a incluir a Sonora entre las 14 entidades federativas con irregularidades en la implementación del Proni. Representantes del gremio docente contratado bajo este esquema denunciaron públicamente la falta de prestaciones laborales reconocidas por la ley, así como la existencia de situaciones atípicas como el cobro de salarios por parte de educadores que no realizaban labores docentes efectivas.
