Contexto político y judicial en Colombia
Las sospechas sobre actos ilícitos durante el periodo en que Daniel Quintero lideró la alcaldía de Medellín han generado gran controversia en Colombia. Entre las figuras señaladas está su hermano Miguel Quintero, quien está siendo investigado por su rol en contratos públicos bajo sospecha de corrupción, según lo reportado por la Fiscalía y la Procuraduría.
Funcionarios involucrados y procesos en marcha
Caracol Radio ha investigado cómo estas acciones judiciales y disciplinarias han afectado a varios excolaboradores cercanos de Quintero, incluyendo a Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad, y Estefanía Cuervo Sánchez, exsubsecretaria legal. Ambos están siendo investigados por un contrato interadministrativo de 16.000 millones de pesos, firmado el 29 de junio de 2023 entre la Secretaría de Movilidad y Metroplús. Este acuerdo se concretó poco antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías Electorales, normativa que prohíbe este tipo de convenios en los cuatro meses previos a las elecciones territoriales.
Contratos cuestionados y sanciones aplicadas
Se ha señalado que dicho contrato carecía de estudios previos completos, análisis sectoriales rigurosos y justificación presupuestal sólida. Además, Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura, y Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, fueron destituidos e inhabilitados por nueve años por la Procuraduría. La investigación determinó que extendieron un contrato para la conservación de jardines sin una justificación válida.
El papel de Miguel Quintero en las investigaciones
El nombre de Miguel Quintero, hermano del exalcalde, ha aparecido en varios documentos analizados por Caracol Radio. Aunque no ha sido tan visible públicamente, su participación es crucial en las investigaciones. Miguel, abogado especializado en contratación estatal, fue concejal de Medellín por el Partido Verde entre 2012 y 2015.
Conexiones políticas y empresariales
Su trayectoria incluye el cargo de director de Monitoreo y Evaluación de Proyectos en la Gobernación de Antioquia durante el mandato de Luis Pérez, exgobernador envuelto en polémicas por la venta de un terreno que incrementó su valor en un 1.700%. Además, Miguel fue gerente de Intrasoft S.A.S., empresa que certificaba experiencia laboral de funcionarios del gobierno de su hermano sin contar con comprobantes de seguridad social que respaldaran dichas certificaciones.
Red de influencia durante la campaña electoral
Durante la campaña de Daniel Quintero a la alcaldía, Miguel construyó una red de apoyo que incluyó al senador Carlos Andrés Trujillo, al exsenador Julián Bedoya y al excongresista William Ortega y su hijo Sebastián. Esta red también participó en la negociación de la gerencia de Afinia por USD 8 millones.
Gerencia de Afinia y testimonios clave
Según testimonios, la designación de Javier Lastra Fuscaldo como gerente de Afinia se discutió en una reunión en Medellín el 5 de diciembre de 2020. Andrés Garzón, abogado de Lastra, aseguró que el proceso fue transparente y que no tuvo relación con Daniel Quintero ni con intereses políticos, ya que la selección se realizó a través de una firma cazatalentos.
Influencia en entidades municipales y contratos sospechosos
Durante el periodo en que Daniel Quintero fue alcalde, Miguel presuntamente tenía influencia en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Empresa de Desarrollo Urbano y Metroparques. La Fiscalía investiga contratos entre estas entidades por un valor cercano a 17.500 millones de pesos, incluyendo acuerdos para el mantenimiento del Parque Metropolitano de las Aguas.
Irregularidades detectadas y empresas favorecidas
Las investigaciones apuntan a que no se realizaron estudios de mercado necesarios para determinar el valor de los servicios contratados. Además, se modificó el manual de contratación de Metroparques para ampliar sus funciones, lo que permitió adjudicar contratos con sobrecostos a empresas como JPINO S.A.S., Unosoluciones S.A.S. y Estructuras Zafiro S.A.S.
Impacto de las investigaciones
Las declaraciones y documentos obtenidos por Caracol Radio indican que una red de colaboradores políticos y empresariales facilitó la adjudicación de contratos en entidades clave de Medellín. La Procuraduría destacó que la ampliación irregular de contratos evidencia un interés por favorecer intereses distintos a los del Estado.
“la ampliación del plazo, sin justificación razonable, dejó de manifiesto el ánimo de favorecer intereses distintos a los de cumplir los fines del Estado y de la entidad contratante”
Por otro lado, Andrés Garzón reiteró que el proceso de selección de Javier Lastra Fuscaldo para Afinia fue independiente y está siendo revisado por la Fiscalía.
