Acciones disciplinarias en el Registro Agrario Nacional
Entre los días jueves y viernes de la semana anterior, se registró la salida definitiva de 14 empleados del Registro Agrario Nacional (RAN) en el estado de Puebla. Esta medida se implementó como parte de un esfuerzo para combatir una situación de corrupción que se ha prolongado durante al menos diez años.
Silencio institucional y cuestionamientos internos
El organismo ha mantenido un absoluto hermetismo sobre el caso, señalando que cualquier información al respecto debe solicitarse directamente en las oficinas centrales de la Ciudad de México. Sin embargo, fuentes internas de la delegación poblana han descrito un clima de descontento generalizado, generado principalmente por la incertidumbre sobre cuándo se cubrirán las plazas vacantes y el impacto en la atención a la población campesina.
Presiones por la sobrecarga de trabajo
El Registro Agrario Nacional en Puebla enfrenta una sobrecarga operativa significativa, ya que concentra la atención de mil 309 núcleos ejidales y 422 comunales. La única oficina disponible para tramitar asuntos relacionados con propiedad, documentación y ordenamiento territorial resulta insuficiente para atender a miles de personas provenientes de diversas regiones del estado.
Trámites convertidos en negocio ilícito
Ante esta situación, han surgido prácticas irregulares donde se comercializan fichas para recibir atención, así como “cuotas aceleradoras” para obtener resoluciones en plazos reducidos. Quienes rechazan participar en estos actos corruptos enfrentan demoras prolongadas, en algunos casos hasta de dieciocho meses, mientras que quienes pagan “gratificaciones” reciben atención inmediata y resoluciones en un periodo de dos a tres meses.
Contexto histórico de ineficiencia gubernamental
Andrés Manuel López Obrador solía referirse a la burocracia federal como “un elefante reumático que no se para, no se mueve, no camina. Hay que empujarlo”, describiendo un sistema que “actuaba como en la época de la Colonia, cuando se da una orden se acata, pero nunca se cumple”. Esta descripción parece aplicarse al actual escenario del RAN, donde persisten los abusos a pesar de las medidas de personal recién aplicadas.
Impacto desigual en la población vulnerable
Según estadísticas proporcionadas por el propio organismo, el 21% de la población ejidal en Puebla es analfabeta y el 22% está compuesto por mujeres. La entidad ocupa el cuarto lugar nacional en participación femenina dentro de la propiedad social, lo que amplifica la vulnerabilidad de estos sectores frente a las prácticas corruptas.
Evolución de la corrupción a lo largo de sexenios
Las irregularidades en el RAN comenzaron durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se centralizaron trámites en esta institución. Durante el periodo de la pandemia por COVID-19, las pequeñas coimas de 200 o 300 pesos evolucionaron en extorsiones de hasta 11 mil pesos para obtener atención. Aunque las denuncias existen desde hace una década, recién ahora se ha implementado alguna acción concreta.
Evaluación de la medida tomada
El despido de los empleados involucrados generó preocupación entre el personal restante, pero también entre los “gestores” o “coyotes” que operan ilegalmente frente a las instalaciones del RAN, ofreciendo servicios de agilización de trámites. Sin embargo, expertos coinciden en que “esa limpia” no garantiza la eliminación de la corrupción institucional, que parece haberse convertido en una práctica arraigada.
