Diálogo tensado entre México y Estados Unidos
El senador estadounidense Marco Rubio manifestó a la presidenta Claudia Sheinbaum las preocupaciones de su país por la concentración de poder en las Fuerzas Armadas mexicanas en actividades civiles, particularmente en seguridad y combate al crimen organizado.
Desencuentro sobre narcopolítica
Existe un contraste permanente entre las posturas de Sheinbaum y el gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con grupos delictivos. Mientras la mandataria sostiene públicamente que no existen pruebas en México sobre dichas conexiones, autoridades estadounidenses aseguran tener evidencia concreta. En reuniones privadas, representantes de Donald Trump han insistido en la existencia de estas pruebas.
Listas de nombres y presión diplomática
El gobierno estadounidense ha entregado múltiples listas con nombres de presuntos involucrados en narcopolítica. Inició con una relación de 300 individuos que incluía políticos, empresarios, artistas y deportistas. Posteriormente se redujo a 12 nombres clave, entre ellos dos generales (uno en activo), tres gobernadores, dos integrantes del gabinete y un líder de Morena. La más reciente contiene 55 nombres, acompañada de una solicitud explícita para que México inicie investigaciones y procesos judiciales.
Enfrentamientos en reuniones bilaterales
En varios encuentros –muchos de ellos no divulgados públicamente–, la presidenta ha cuestionado directamente a los emisarios estadounidenses sobre la falta de pruebas. Dos casos han generado momentos particularmente tensos: el del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, relacionado con presuntos vínculos criminales en el sur del país; y el de Manuel Bartlett, cercano al expresidente López Obrador, acusado por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.
Respuestas y omisiones de la administración Sheinbaum
La mandataria ha respondido sistemáticamente que no existen pruebas contra los señalados, incluso cuando se le presentan acusaciones específicas. Esta postura se ha mantenido en casos como el de Araceli Brown, diputada de Morena con cuentas congeladas por el Tesoro de Estados Unidos; el senador López Hernández; Alfonso Romo, exjefe de Oficina de López Obrador; y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Gestión ambivalente ante presiones externas
La presidenta ha mostrado una postura contradictoria ante las exigencias estadounidenses. Mientras se mantiene firme en cuestiones de soberanía, como el mantenimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad –a pesar de las críticas estadounidenses y escándalos recientes como el del huachicol en la Marina–, también ha generado dudas sobre su capacidad para enfrentar la narcopolítica.
Escenarios internacionales que comprometen soberanía
Medios estadounidenses han revelado planes de acción unilateral contra organizaciones delictivas mexicanas. The Washington Post informó que la DEA presiona a Trump para realizar ataques quirúrgicos a cárteles y su infraestructura. The New York Times publicó detalles sobre un proyecto republicano en el Capitolio que autorizaría a Trump para eliminar físicamente a miembros de cárteles considerados ‘terroristas’.
