La Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley de Amparo, tras un intenso debate que superó las 14 horas. La votación final arrojó 322 votos a favor, impulsados por los partidos Morena, PT y PVEM, mientras que 128 en contra, provenientes de PRI, PAN y MC, expresaron fuertes reservas respecto a un cambio clave en un artículo transitorio.
Polémica por reforma calificada como retroactiva
La controversia principal surgió alrededor de una modificación propuesta por el diputado Hugo Eric Flores, del partido guinda, al tercer artículo transitorio. Dicha ajuste fue señalado como una forma de “retroactividad disfrazada”, lo que desató críticas entre los bloques opositores. A lo largo de la sesión, se presentaron 307 reservas, de las cuales solo tres fueron aprobadas por la mayoría legislativa.
Entre los cuestionamientos, César Alejandro Domínguez Domínguez, representante del PRI, afirmó que el ajuste realizado es meramente “cosmético” y no resuelve los problemas estructurales del juicio de amparo. Denunció que persiste una redacción vaga en torno al concepto de “daño significativo a la colectividad”, lo que mantiene un alto nivel de incertidumbre jurídica.
Posiciones enfrentadas entre bancadas
Desde el PAN, César Israel Damián Retes manifestó su desacuerdo con el alcance del dictamen.
“el interés público atañe al interés de la administración y del Estado; es decir, es todo lo que le convenga y diga el Estado”
. Añadió que la propuesta de modificación es “totalmente insuficiente” y que no se ha tomado en cuenta realmente la opinión de los especialistas en derecho.
En defensa del dictamen, la diputada Mariana Benítez Tiburcio, de Morena, explicó que el artículo 128 busca precisar los criterios para otorgar la suspensión del acto impugnado. Se propuso eliminar la fracción V, que alude a daños de difícil reparación, porque “fuimos sensibles a las propuestas que hicieron en las audiencias públicas”.
Modificaciones clave aprobadas
También fue aceptada una reserva conjunta de los diputados Ricardo Monreal Ávila (Morena) y Ricardo Mejía Berdeja (PT), que modifica la fracción XVI del artículo 129. El texto quedó redactado como:
“Se continúe con la realización de actividades o prestación de servicios que requieran de permiso, autorización o concesión emitida por autoridad federal competente, cuando no se cuente con la misma”
. Este cambio permitirá que ciertas actividades prosigan incluso sin contar con los permisos correspondientes.
