La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una advertencia sobre el creciente uso del aparato judicial para acosar a periodistas y medios de comunicación en México durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. A pesar de que la mandataria ha manifestado públicamente su rechazo a la censura, el organismo internacional señaló que su administración ha mantenido e incluso fortalecido mecanismos que restringen el acceso a la información pública y el control sobre las telecomunicaciones.
Restricciones encubiertas al derecho de informar
En su informe más reciente, la SIP indicó que
“la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró contraria a la censura; sin embargo, adoptó medidas que refuerzan el control gubernamental sobre el acceso de los medios y la regulación de las telecomunicaciones”
. El documento destaca la opacidad en la distribución de la publicidad oficial, que, aunque ha aumentado en comparación con la administración anterior, continúa asignándose bajo criterios no transparentes que favorecen a ciertos grupos mediáticos.
El cierre del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y su reemplazo por la dependencia Transparencia para el Pueblo fue otro punto crítico. El organismo denunció que esta nueva instancia desechó el 99.6% de las solicitudes de información pública, lo que, según la SIP, ha afectado gravemente el derecho ciudadano a estar informado.
La judicialización como arma contra la prensa crítica
La SIP subrayó que el acoso judicial se ha consolidado como la estrategia principal para silenciar a los periodistas que ejercen una labor crítica. Con base en datos de Artículo 19 México, se registraron 51 casos de hostigamiento legal en el primer semestre del año. Entre los casos más notorios destacan:
- Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna de Campeche, procesado por “incitación al odio y violencia de género” tras ser denunciado por la gobernadora Layda Sansores. Un juez ordenó el cierre de su medio por dos años y le prohibió ejercer el periodismo en ese periodo.
- Karla María Estrella, sancionada por el Tribunal Electoral federal por un comentario en la red social X sobre presunto nepotismo. Recibió una multa, la obligación de publicar una disculpa diaria durante 30 días y su inclusión en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género hasta 2027.
- Héctor de Mauleón y EL UNIVERSAL, denunciados en Tamaulipas por calumnia y violencia política de género tras una columna sobre presuntas redes de corrupción. Aunque el INE descartó el componente de género en la acusación, ordenó retirar el artículo, sancionar al medio y exigir una disculpa pública.
Un discurso contradictorio desde el poder
El organismo internacional resaltó la doble postura del gobierno federal: por un lado, Sheinbaum ha calificado de “excesivos” algunos procesos judiciales contra periodistas; por otro, ha intensificado sus críticas hacia medios que investigan posibles actos de corrupción ocurridos durante el sexenio anterior. No obstante, la SIP reconoció que la presidenta se opuso a una disposición en la nueva Ley de Telecomunicaciones que habría permitido al gobierno bloquear plataformas digitales, lo cual fue visto como un avance frente a la censura online.
Libertad de expresión bajo presión en América Latina
Durante su 81ª Asamblea General en Punta Cana, la SIP advirtió que el acoso judicial se ha generalizado en varios países del continente. En el caso de México, señaló que
“el sistema legal se usa para intimidar, desgastar económicamente y censurar periodistas”
. El organismo reiteró que la prensa enfrenta un entorno marcado por una creciente hostilidad alimentada desde los discursos oficiales y exhortó al gobierno mexicano a garantizar condiciones reales, seguras y libres para el ejercicio del periodismo.
