En un contexto de fuerte crítica hacia la clase política, se ha señalado que, a diferencia de administraciones anteriores, la llamada Cuarta Transformación no ha procedido a remover a gobernadores de su propio partido, incluso cuando enfrentan serias acusaciones o protestas ciudadanas. Esta tendencia ha sido destacada como una característica distintiva frente al desempeño del PRI en décadas pasadas, cuando varios mandatarios estatales fueron destituidos o forzados a renunciar.
Gobiernos previos y la destitución de gobernadores
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), numerosos gobernadores fueron señalados por corrupción, enriquecimiento ilícito o vínculos con el crimen organizado, lo que derivó en renuncias, capturas y procesos judiciales. Entre ellos destacan Fausto Vallejo Figueroa (Michoacán), cuya gestión se vio opacada por los vínculos de su hijo con Servando Gómez, “La Tuta”; Ángel Eladio Aguirre Rivera (Guerrero), quien renunció tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; y Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), detenido en Guatemala y posteriormente extraditado.
Otros casos notorios incluyen a Roberto Borge Angulo (Quintana Roo), capturado en Panamá; César Duarte Jáquez (Chihuahua), recluido en Estados Unidos mientras enfrenta extradición; Guillermo Padrés Elías (Sonora), procesado por lavado de dinero; Andrés Granier Melo (Tabasco), detenido en 2013 por desvío de recursos; y Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas), acusado de peculado y objeto de una solicitud de extradición por Estados Unidos.
Acciones bajo el gobierno de Zedillo
Previo a este periodo, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, también se registraron destituciones de gobernadores por escándalos de corrupción o vínculos con el narcotráfico. Entre ellos están Jorge Carrillo Olea (Morelos), Sócrates Rizzo (Nuevo León), Rubén Figueroa (Guerrero) y varios mandatarios de Chiapas: Elmar Setzer, Eduardo Robledo y Julio César Ruiz, todos removidos por órdenes del presidente.
La postura actual de la 4T
En contraste, se señala que el actual gobierno morenista, en su segunda administración, no ha removido a ningún gobernador de su partido, ni siquiera en casos de alta conflictividad social. Se menciona expresamente a Américo Villarreal en Tamaulipas y a Rubén Rocha Moya en Sinaloa, este último acusado de mantener una crisis de inseguridad prolongada. Este patrón sugiere una política de blindaje a los mandatarios estatales afines.
“La actual dictadura de la 4T, no ha removido a ningún gobernador, ni lo va a hacer, eso es un hecho”, se afirma en el análisis. Asimismo, se recalca que pese a la indignación popular, no existe un mecanismo efectivo de remoción por parte del gobierno federal actual.
El caso de Oaxaca
En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara no ha sido removido, y según la perspectiva presentada, no lo será. Aunque en el estado existe una tradición de levantamientos populares que han derrocado gobernadores en el pasado —como Edmundo Sánchez Cano (1947), Manuel Mayoral Heredia (1952) y Manuel Zárate Aquino (1977)—, actualmente el control político no responde a dichas dinámicas.
“¡Salomón Jara está seguro!.. ¡Porque La 4T no es igual que el PRI!”
La conclusión del análisis es clara: si bien el PRI fue conocido por destituir gobernadores, la Cuarta Transformación opta por mantenerlos en el cargo. “La 4T no quita gobernadores. No somos iguales, predican, y tienen razón….el PRI SI DECAPITABA Gobernadores”. Se concluye que bajo un régimen priísta, figuras como Rocha Moya o Salomón Jara no hubieran permanecido más de un mes en el poder.
