La actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha una iniciativa orientada a transformar la percepción sobre el acceso a la salud en México. Aunque no se trata directamente de acabar con la pobreza, el objetivo central es incidir en los indicadores que miden la exclusión, particularmente en el ámbito médico. La estrategia, aunque funcional en teoría, ha sido calificada de perversa por sus críticos, quienes advierten que su enfoque podría ocultar más que resolver.
El plan de las credenciales universales
Antes de que concluya el primer semestre de 2026, se prevé que todos los mexicanos reciban una credencial que acredite su derecho a la salud pública. Este documento, físico o digital, definirá a qué institución pertenece cada persona —ya sea IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar— y a qué clínica puede acudir. Con el tiempo, esta tarjeta se convertirá en un expediente médico interoperable, accesible desde cualquier centro de salud del país. Según estimaciones de la titular del Ejecutivo, la digitalización completa tomará alrededor de dos años, aunque las credenciales físicas estarán disponibles mucho antes.
Este sistema permitirá, en teoría, la integración de un modelo de salud universal: un derechohabiente del IMSS podrá recibir atención en una clínica del ISSSTE, y los costos serán compensados entre instituciones mediante una cámara de liquidación. La idea es superar la fragmentación histórica del sistema público de salud, caracterizado por desigualdades en infraestructura y calidad de servicio.
¿Real acceso o maquillaje estadístico?
Sin embargo, se cuestiona si esta medida resolverá realmente el problema o solo modificará la cifra oficial de personas sin acceso a salud. No se anticipan mejoras sustanciales en la infraestructura hospitalaria, muchas veces deteriorada por falta de mantenimiento —como el caso emblemático de los elevadores del IMSS— ni se garantiza la disponibilidad de médicos, especialistas, medicamentos o insumos. Aun así, cuando el INEGI realice sus encuestas en 2026 y 2028, la mayoría de la población ya contará con una credencial que acredite su derecho.
Este enfoque no es nuevo. Andrés Manuel López Obrador eliminó el Seguro Popular al inicio de su gobierno, dejando sin cobertura formal a millones de personas. Como consecuencia, las cifras del INEGI mostraron un incremento alarmante: de 20.1 millones sin acceso en 2018, se pasó a 35.7 millones en 2020 y hasta 50.4 millones en 2022. Para 2024, el número bajó a 44.5 millones.
El argumento oficial y su debilidad
Ante esa evidencia, la administración anterior argumentó que las personas sí tenían derecho a la salud, pero no lo sabían porque carecían de una credencial que lo comprobara. Claudia Sheinbaum retoma ahora esa lógica: al dotar a todos de una tarjeta, se reducirá el número de personas que declaran no tener acceso.
“Porque presidenta se escribe con ‘a’, lo mismo que perversa.”
La ironía final subraya una crítica profunda: el plan podría funcionar para mejorar las estadísticas, pero no para garantizar una atención médica real, oportuna y de calidad. El sistema podría verse abrumado por la demanda concentrada en ciertas instituciones, especialmente en aquellas con mejor reputación, como algunas clínicas del ISSSTE, sin que exista un plan claro para absorber esa presión.
