Alejandro Juárez, un migrante originario de México de 39 años, fue deportado por error por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), pese a que durante más de una década trabajó en el Trump National Golf Club Westchester, ubicado en Nueva York, donde incluso atendió personalmente al expresidente Donald Trump.
Detención y expulsión sin proceso
En septiembre de 2025, Juárez acudió a una cita de supervisión migratoria con el ICE, como parte de su estatus administrativo. Sin embargo, días después fue trasladado desde un centro de detención en Manhattan hasta Texas, y posteriormente cruzado por un puente fronterizo hacia territorio mexicano, sin que se le otorgara audiencia judicial ni se le informara del motivo de su traslado. Al cuestionar a los agentes, estos respondieron que simplemente “seguían órdenes”.
Juárez logró comunicarse desde Matamoros para notificar que había sido devuelto a México. Posteriormente, se trasladó a Puebla, su ciudad natal, desde donde expresó:
“Mis hijos me preguntan cuándo regresaré”
.
Reconocimiento del error institucional
Funcionarios del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) admitieron que la deportación fue un error administrativo. Documentos oficiales indican que Juárez fue “puesto en el transporte equivocado” y enviado a México en lugar de ser trasladado a un centro de detención en Arizona, como estaba previsto.
Su abogado, Aníbal Romero, afirmó que nunca había enfrentado un caso semejante en sus veinte años de ejercicio legal. Al presentarse a la audiencia programada, descubrió que el tribunal no tenía conocimiento del paradero de su cliente.
Impacto familiar y negativa al retorno
La deportación dejó a su esposa, María Priego, al frente de cuatro hijos, todos ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos sirve como infante de marina en el ejército de EU. La familia reside en Westchester, donde Juárez había construido su vida durante más de una década.
El DHS informó que solo permitiría el regreso de Juárez al país para reincorporarlo a la custodia del ICE, reiterando que el proceso de deportación prosigue y que no podrá permanecer legalmente en Estados Unidos. Su representante legal busca una exención especial basada en su relación familiar con un miembro activo de las fuerzas armadas.
Historial laboral en la organización Trump
El caso de Juárez se inscribe en un patrón más amplio de contratación de trabajadores indocumentados por empresas vinculadas a la Organización Trump. En 2019, durante el primer mandato de Donald Trump como presidente, Juárez fue despedido junto con otros empleados migrantes sin documentos.
Este patrón fue denunciado previamente por Victorina Morales, una trabajadora guatemalteca que en 2018 reveló que el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, empleaba a migrantes sin estatus legal y que incluso se les proporcionaban documentos falsos por parte de supervisores. Sandra Díaz, de Costa Rica, también trabajó en el mismo club y se sumó a esas denuncias públicas.
Falta de control y riesgo de errores repetidos
Una investigación del The New York Times reveló que el ICE no lleva registros precisos sobre las personas deportadas por error. Kerry Doyle, exabogada principal de la agencia durante la administración de Joe Biden, señaló que el alto volumen de detenciones y la sobrecarga laboral incrementan la posibilidad de errores sistémicos.
El caso de Juárez evidencia la fragilidad del sistema migratorio estadounidense: un hombre que trabajó durante años para una de las figuras más poderosas del país fue expulsado sin garantías procesales. Expertos advierten que, ante el aumento de las redadas y detenciones, incidentes como este podrían volverse más comunes.
