El Congreso de Tamaulipas emitió un punto de acuerdo dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una indagatoria contra el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de presuntos delitos vinculados con decomisos irregulares de vehículos cargados con combustible y operaciones con recursos de origen ilícito durante su periodo en el cargo, comprendido entre 2016 y 2022.
La medida fue aprobada con 27 votos a favor y 5 en contra durante una sesión de la 66 Legislatura, tras una propuesta presentada por el diputado Humberto Prieto Herrera, representante de la bancada de Morena y el Partido del Trabajo (PT).
Investigación sobre el denominado “SAT estatal”
El documento exhorta a la FGR a profundizar en los posibles actos de corrupción derivados de la creación y operación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Tamaulipas (SATT), organismo instaurado en su administración y que, según los promotores de la iniciativa, habría invadido funciones propias del ámbito federal.
Prieto Herrera argumentó que dicha institución fue usada para perjudicar a empresarios del transporte y empresas del sector hidrocarburos, al asumir facultades que legalmente corresponden únicamente al gobierno federal.
“El gobierno de Cabeza de Vaca invadió facultades exclusivas de la Federación en materia de comercio exterior, realizando revisiones y decomisos de mercancías y combustibles sin sustento legal“, señaló el diputado morenista.
Funciones duplicadas y desvío de la norma fiscal
En la fundamentación del punto de acuerdo, se detalla que en 2020 el ejecutivo estatal transfirió atribuciones de la Secretaría de Finanzas hacia el SATT, una acción que, según los promotores, violó el marco jurídico vigente.
El legislador afirmó que el exmandatario incurrió en una duplicidad administrativa y contravino la Ley de Coordinación Fiscal al intervenir funciones de la Secretaría de Administración estatal, generando conflictos institucionales por competencias.
Decomisos cuestionados en 2019
Se recordó que entre el 15 y 18 de noviembre de 2019, el gobierno de García Cabeza de Vaca retuvo 15 pipas y ocho tractocamiones que transportaban 444 mil litros de combustible, bajo alegatos de posible contrabando.
Sin embargo, los diputados de Morena y PT consideran que los procedimientos carecieron de sustento jurídico y ocasionaron daños económicos a transportistas y empresas energéticas.
Defensa del Estado de derecho
La iniciativa, promovida por las fuerzas políticas de Morena y el PT, busca reforzar la rendición de cuentas, consolidar el Estado de derecho y evitar que instituciones públicas sean utilizadas con fines personales o políticos.
“El acuerdo busca asegurar que las instituciones sirvan al interés general y no a fines particulares“, declaró Prieto Herrera ante el pleno legislativo.
El punto de acuerdo entró en vigor de inmediato y será enviado formalmente a la FGR, que decidirá si existen suficientes elementos para abrir una investigación contra el ex gobernador panista y otros posibles involucrados.
