En Puebla, ningún dirigente sindical ha enfrentado procesos penales en al menos 35 años, pese a evidencias de malversación de recursos de trabajadores. Este patrón de impunidad se repitió con Sergio Herrera Vázquez, quien fue separado de su cargo como secretario general de la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), tras una auditoría que reveló graves irregularidades en el manejo de las cuotas sindicales.
Una auditoría que selló su salida
Los problemas para Herrera comenzaron el 7 de junio de 2023, durante el 46 Congreso Ordinario del sindicato, celebrado en el salón Zavaleta. Al presentar su informe financiero, el documento fue rechazado por el 64% de los delegados, quienes lo consideraron una burla y votaron de inmediato para destituirlo. Sin embargo, en un giro inesperado, Arturo Olivares Cerda, entonces líder nacional del SNTSS, intervino para frenar su remoción y ofreció una auditoría.
Lo que parecía un respaldo terminó por confirmar las denuncias. Un mes después, el informe de auditoría evidenció un uso irregular de los recursos de los 14 mil afiliados de la sección poblana. Se detectaron erogaciones millonarias en eventos como una fiesta para enfermeras, con un costo de 2.6 millones de pesos, y otra denominada de “juguetes” para hijos de trabajadores, que consumió 2.8 millones de pesos, sin que existiera comprobante de entrega de los regalos.
Gastos opacos y beneficios no comprobados
Entre las irregularidades más graves figuraba la adquisición de pantallas de 70 pulgadas a sobreprecio, sin registro de quiénes las recibieron. Tampoco se hallaron evidencias físicas de la compra de cientos de juguetes ni de la distribución de uniformes deportivos por un monto de 1.5 millones de pesos, destinados a atletas que participaron en representación del SNTSS.
Estos hallazgos llevaron a la destitución formal de Herrera en noviembre de 2023. A pesar de ello, nunca se presentó una denuncia penal en su contra, ni se ha recuperado el dinero presuntamente desviado. Su intento de litigio contra la dirigencia nacional del sindicato no tuvo éxito.
Tráfico de plazas y parálisis en contrataciones
Además de los desvíos financieros, persisten denuncias no resueltas sobre el tráfico de plazas en el IMSS. Se afirma que algunas propuestas de empleo se ofrecían a cambio de hasta 150 mil pesos, práctica que fue exhibida mediante audios de trabajadores que pagaron, pero no obtuvieron el puesto prometido.
La ausencia de liderazgo sindical durante casi dos años, tras la salida de Herrera y antes de que se eligiera una nueva dirigencia, provocó que la bolsa de trabajo del IMSS permaneciera cerrada. Este bloqueo, contrario al Contrato Colectivo de Trabajo, derivó en una parálisis de 18 meses sin contrataciones de médicos, enfermeras, técnicos ni personal administrativo, agravando la escasez de personal en hospitales y clínicas del estado.
Un precedente de impunidad
El caso de Herrera refleja una práctica común en los sindicatos de Puebla: la resolución de conflictos internos sin llegar a la justicia penal. Se mantiene la máxima de que “la ropa sucia se lava en casa”, lo que ha permitido el enriquecimiento ilícito de dirigentes sin consecuencias legales.
Un ejemplo emblemático es el de un exdirigente de la sección 51 del SNTE, quien, partiendo de un sueldo de maestro de Educación Física que, según él, ni alcanzaba para pagar su teléfono, terminó convirtiéndose en un exitoso constructor con proyectos en Puebla, Chiapas y Morelos, además de poseer varias franquicias de cafeterías y restaurantes.
“Sería una vergüenza para el SNTE que uno de sus dirigentes acabe en la cárcel… solo por eso, maestro, usted no terminó encarcelado, qué suerte la de usted y qué mala suerte para los trabajadores que lo tuvieron que aguantar”
Este comentario, atribuido a la exlíder nacional del SNTE Elba Esther Gordillo Morales, ilustra la protección que han recibido ciertos líderes gremiales, incluso cuando las pruebas de sus abusos son evidentes. Hoy, el caso de Sergio Herrera parece repetir ese mismo patrón: destituido sí, pero impune ante la ley.
