Estados Unidos está llevando a cabo un amplio monitoreo de viajeros por carretera mediante un programa encubierto operado por la Patrulla Fronteriza, que utiliza tecnología avanzada para rastrear vehículos más allá de la frontera sur, según reveló una investigación de Associated Press (AP).
Despliegue tecnológico en zonas interiores
La agencia, dependiente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ha desplegado una red nacional de vigilancia que incluye drones, cámaras ocultas en barriles de tráfico y conos viales, lectores automáticos de matrículas y algoritmos de inteligencia predictiva. Estos dispositivos, situados incluso a más de 190 kilómetros de la frontera —en ciudades como Phoenix, Detroit y zonas cercanas a Chicago—, escanean en tiempo real millones de placas y cruzan datos sobre rutas, horarios y destinos.
El sistema identifica viajes clasificados como “inusuales”, como trayectos rápidos hacia zonas fronterizas o desvíos que evitan puntos de revisión, y envía alertas a policías locales para que detengan a los conductores por infracciones menores como exceso de velocidad, uso inadecuado de direccionales o incluso por colgar un ambientador que obstruye parcialmente la visión.
Colaboración con fuerzas locales y empresas privadas
La Patrulla Fronteriza ha establecido alianzas con corporaciones policiales estatales y municipales, así como con empresas de vigilancia como Rekor, Vigilant Solutions y Flock Safety. En su momento, la CBP accedió a más de 1,600 lectores de matrículas operados por el sector privado en 22 estados. Además, policías de Texas han solicitado integrar reconocimiento facial en sus protocolos de identificación vehicular.
A pesar de que estados como Arizona y Michigan autorizaron la instalación de equipos, ambos afirmaron desconocer el uso final de esos dispositivos. Parte del financiamiento proviene de la Operación Stonegarden, un programa federal que subsidia horas extras a policías locales y adquisiciones de tecnología, con 450 millones de dólares asignados durante la administración de Donald Trump.
Detenciones sin hallazgos y vigilancia automatizada
Uno de los casos documentados es el de Lorenzo Gutiérrez Lugo, un transportista detenido en Texas bajo sospecha de contrabando mientras trasladaba enseres a familias en México. Aunque no se halló material ilícito, fue arrestado temporalmente por portar grandes cantidades de efectivo, común en su labor. Tras desestimarse el caso, su empleador, Luis Barrios, declaró: “Hicimos todo bien y no teníamos nada que ocultar, y eso fue finalmente lo que descubrieron”, tras desembolsar unos 20 mil dólares en gastos legales.
Otro caso es el de Alek Schott, residente de Houston, detenido por más de una hora en 2022 tras realizar un viaje nocturno a Carrizo Springs, considerado sospechoso por el algoritmo. No se encontró nada ilícito. El agente Joel Babb admitió: “Nueve de cada diez veces, esto es lo que sucede”. Schott afirmó: “No sabía que conducir en Texas fuera ilegal”, y actualmente litiga por violaciones a sus derechos constitucionales.
Redes de información y algoritmos de perfilado
AP obtuvo más de 70 páginas de chats internos entre agentes de la Patrulla Fronteriza y alguaciles de Texas, en los que intercambiaban datos de conductores, compartían imágenes de licencias, verificaban si un auto era rentado o si el conductor trabajaba en plataformas digitales, y usaban códigos para referirse a personas con estatus migratorio irregular. En uno de los mensajes, un oficial preguntó: “¿Necesitan información de la Patrulla Fronteriza?” y otro respondió: “Sí, señor”, seguido de datos del conductor.
El sistema, conocido como CMPRS, analiza patrones como viajes cortos a la frontera, cambios abruptos de ruta, evasión de retenes, uso de vehículos rentados o visitas frecuentes a ciertos puntos. Según la CBP, el objetivo es identificar “patrones de viaje que indiquen actividades ilegales relacionadas con la frontera”, y afirma operar bajo un “marco normativo estricto y de múltiples capas”.
Riesgos para las garantías individuales
Sin embargo, expertos en derechos civiles señalan que este sistema de vigilancia masiva podría vulnerar la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. Andrew Ferguson, profesor de la Universidad George Washington, advirtió que redes que capturan a “todas las personas en todo momento” podrían configurar una violación constitucional.
Abogados del Instituto para la Justicia señalan que las detenciones se han vuelto una herramienta común basada en perfiles automatizados. Christie Hebert afirmó: “Lo que descubrimos fue algo mucho mayor: un sistema de vigilancia masiva que amenaza la libertad de movimiento de las personas”.
Schott, cuyo caso sigue en curso en tribunales federales, aseguró: «Creo que hay miles de personas que reciben este trato», aunque carezcan de los recursos para impugnarlo. La CBP, por su parte, mantiene que no divulga detalles operativos “por motivos de seguridad nacional”, y reafirma que su jurisdicción permite operar “en cualquier lugar de Estados Unidos”, no solo en un radio de 160 km desde la frontera.
