Hace poco más de treinta días, desde los más altos niveles de Palacio Nacional se orquestó una maniobra para desplazar al actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pese a que su encargo oficial aún tiene una duración de dos años. De acuerdo con dos informantes directos que tuvieron conocimiento de los acontecimientos, la iniciativa partió del entorno presidencial con el propósito de colocar en el cargo a una figura de absoluta confianza de la mandataria Claudia Sheinbaum.
Una Fiscalía bajo control
El objetivo perseguido, según se desprende de las fuentes, era asegurar que la operación de la Fiscalía General de la República (FGR) quedara plenamente alineada con las directrices del gobierno en turno. Entre los nombres considerados para asumir el puesto destacaron el de Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, y el de Ernestina Godoy, quien fungió como fiscal capitalina durante la administración local de Sheinbaum y hoy ocupa la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.
La relación entre Gertz y el Palacio no está rota, todo lo contrario. En asuntos de alta prioridad para el gobierno —ya fueran impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador o por la actual mandataria—, la FGR ha actuado en coordinación. Sin embargo, Gertz ha mantenido un control personal sobre las decisiones clave: define qué investigar, qué archivar y en qué momento actuar. Esta autonomía, aunque moderada, ha generado cierta incomodidad entre los funcionarios de mayor rango, quienes lo perciben como un actor que no se doblega sin exigir tener voz y voto en las decisiones relevantes.
La resistencia del fiscal
Lo más llamativo, de acuerdo con los informes, es que el propio Gertz logró detener el intento de remoción anticipada. A pesar de la presión ejercida desde los niveles más altos del poder, el fiscal contó con el respaldo suficiente —ya sea institucional, político o estratégico— para resistir el embate y mantenerse en el cargo. Este episodio revela no solo tensiones internas, sino también los límites del control presidencial sobre instituciones autónomas.
“Causó sorpresa dentro del gobierno, incluso dentro de la Fiscalía General de la República, que la propia FGR detuviera hace unos días a Jorge Antonio Sánchez Ortega, como presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, hace 31 años, protegido por Genaro García Luna.”
El caso Colosio y el interés personal de Gertz
Se comenta que la reapertura del caso Colosio es un asunto particularmente sensible para el fiscal Gertz Manero. Fue él quien impulsó y operó directamente la detención, incluso tomando por sorpresa a sectores del gobierno de la Cuarta Transformación. Desde hace años, Gertz ha sostenido con firmeza la existencia de un segundo tirador, a pesar de las evidencias técnicas en contrario.
Los análisis periciales nacionales e internacionales del Caso Colosio coinciden en que ambos disparos fueron realizados con la misma arma y con un intervalo de apenas dos segundos. Esto hace prácticamente inviable —desde el punto de vista técnico y temporal— que Mario Aburto hubiera podido entregar el arma a un cómplice en medio de la confusión. Además, ningún video del evento registra la presencia de una segunda persona en el lugar, ni siquiera en posturas como estar en cuclillas para evadir las cámaras, lo que vuelve poco creíbles las versiones sobre un francotirador secundario. Asimismo, Genaro García Luna carecía de posición institucional relevante en ese entonces, lo que desmiente su supuesta capacidad para proteger a alguien en el acto.
Pa’ saber.
