Una alianza integrada por 17 fiscales estatales, todos afiliados al partido demócrata, expresó su firme rechazo a una nueva medida del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) que modifica el cálculo del salario mínimo para trabajadores agrícolas extranjeros contratados temporalmente bajo el esquema de visa H-2A.
Impacto en los ingresos de trabajadores migrantes
Según cálculos citados por los fiscales, la implementación de esta regla provocaría que unos 2,460 millones de dólares en salarios dejen de percibirse por los jornaleros migrantes y pasen directamente a los bolsillos de los empleadores agrícolas. El Economic Policy Institute (EPI) estima que más de 350,000 campesinos con visa H-2A verían mermados sus ingresos anuales en al menos 2,000 millones de dólares, lo que representa una disminución entre el 26% y el 32% de sus haberes.
La nueva normativa, publicada el 2 de octubre de 2025, sustituye el método histórico de fijación salarial basado en la Tasa Salarial de Efecto Adverso (AEWR), estableciendo como salario inicial 13.45 dólares por hora y 15.71 dólares para trabajadores con experiencia.
Riesgos para trabajadores locales y condiciones laborales
El instituto advirtió que esta medida no solo afecta a los trabajadores migrantes, sino que también ejercería una presión negativa sobre los salarios de los agricultores estadounidenses, reduciendo sus ingresos anuales colectivos en aproximadamente 3,000 millones de dólares, lo que equivale a un descenso del 9%. En conjunto, las pérdidas salariales para todo el sector agrícola oscilarían entre 4,400 y 5,400 millones de dólares, entre el 10% y el 12% del total percibido actualmente.
Además, la norma flexibiliza las obligaciones de los empleadores respecto al costo de la vivienda que deben proporcionar a los trabajadores extranjeros, lo que representa un recorte adicional en las condiciones laborales garantizadas.
Defensa del programa agrícola y movilización legal
Rob Bonta, fiscal general de California y líder de la coalición, señaló que
“La nueva norma del DOL se aprovechará de los trabajadores agrícolas al intentar rápidamente cubrir la escasez de mano de obra agrícola que se vio debilitada en gran medida por las propias políticas de inmigración del Presidente”
. Destacó que California, como uno de los mayores productores agrícolas del país, enfrenta un impacto directo si la medida entra en vigor.
El programa H-2A está diseñado para permitir a los empleadores estadounidenses contratar a trabajadores foráneos en temporadas de alta demanda cuando no existe suficiente fuerza laboral nacional disponible. Los patrones deben garantizar alojamiento, transporte y un salario mínimo legalmente establecido.
Los fiscales de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Minnesota, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Washington se sumaron a California en la presentación formal de una carta de comentarios en contra de la regla.
